Por Julio Zenón Flores
La ausencia de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, durante el evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este 20 de julio, donde se lanzó el programa Salud Casa por Casa, no solo debe leerse como una fractura política local o como un posible distanciamiento entre liderazgos morenistas. Es también, y quizás más grave, un síntoma de la fragilidad institucional del federalismo mexicano.
El artículo 115 constitucional establece con claridad que los municipios son órdenes de gobierno, no apéndices administrativos del estado ni del Ejecutivo federal. Tienen personalidad jurídica, autonomía en su gestión interna, y una legitimidad democrática directa, ya que sus autoridades son electas por voto popular. Que la máxima figura del gobierno municipal de Acapulco —uno de los puertos más importantes del país— no haya sido convocada, incluida ni mencionada durante una gira presidencial de salud pública en su propio territorio, pone en entredicho el respeto al pacto federal y al orden constitucional.
¿Un hecho aislado o patrón de poder?
La pregunta que debe hacerse es: ¿esto ocurre solo en Guerrero? La respuesta es no. En muchas giras presidenciales recientes, tanto del sexenio pasado como del actual, la exclusión o marginación de presidentes municipales es cada vez más frecuente, sobre todo si no forman parte del grupo político dominante o si no son considerados "leales" a la narrativa de la transformación. Esto se ha visto en Veracruz, Chiapas, Estado de México, incluso en municipios de la Ciudad de México.
Lo preocupante no es el hecho político de dejar fuera a un o una alcaldesa —la política es terreno de alianzas y castigos— sino el mensaje institucional que se lanza desde la Presidencia de la República: que la relación con los municipios es optativa, subordinada o incluso irrelevante.
Centralismo de facto, autoritarismo de forma
Este tipo de episodios refuerzan una deriva centralista que contradice el discurso democrático y de justicia territorial que promueve el gobierno federal. El Estado mexicano está formalmente organizado como una República federal, pero cada vez más decisiones se concentran en el Ejecutivo federal y sus delegados, como los llamados "servidores de la nación" o los superdelegados estatales. En este modelo, los municipios quedan atrapados entre la dependencia presupuestal y el ninguneo político.
El caso de Acapulco es ilustrativo: el evento fue de salud, de territorio, de contacto con la población. Justamente las materias donde los municipios deberían tener un rol protagónico. Sin embargo, la alcaldesa fue excluida del protocolo, del presídium y del discurso. No se trata de defender a una figura en particular, sino de advertir un patrón preocupante: la presidencia viaja por el país, pero no dialoga con todos los poderes locales. Solo con los afines.
¿Cuál es el futuro del municipio libre?
La exclusión de Abelina no solo es una falta de cortesía política; es una señal de erosión institucional. Si las autoridades federales desprecian al orden municipal, y si los estados tampoco los integran como actores plenos, ¿qué queda del "municipio libre" que el 115 garantiza?
En tiempos donde se habla tanto de "territorio", "pueblo" y "gobierno cercano", sería deseable que se predicara con el ejemplo. Y eso empieza por reconocer a las autoridades locales como parte del Estado mexicano, no como convidados de piedra. Porque sin municipios fuertes, el federalismo es solo un decorado.
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