Por Julio Zenon Flores
El proceso de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) está a punto de convertirse en un nuevo campo de batalla política dentro del Congreso local. Lo que parecía un trámite legislativo de rutina se ha transformado en un pulso de poder que mide no solo la fuerza del Ejecutivo estatal, sino también las fracturas internas del propio partido en el gobierno.
La iniciativa, elaborada y aprobada por el Honorable Consejo Universitario el pasado 9 de septiembre, y adoptada como suya por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, busca modificar los artículos 28 y 29 de la ley universitaria: prohibir la reelección del rector y extender el periodo de cuatro a seis años. Cambios que aplicarán para el proceso de sucesión en 2027, no para el actual rector.
Hasta ahora, la ruta institucional ha avanzado sin tropiezos. La Comisión de Educación del Congreso —integrada por legisladores del PVEM, PRI y Morena— ya dio su aval y turnó el dictamen al pleno para su discusión y eventual aprobación. Sin embargo, en los últimos días emergieron resistencias inesperadas desde el propio bloque morenista.
Dos diputados del grupo parlamentario de Morena, Tito Arroyo y Diana Bernabé, han encabezado la corriente que busca regresar la iniciativa a comisiones. Ambos provienen del grupo político que lideró en vida César Núñez Ramos, y hoy reconocen la conducción de Jacinto González Varona, quien a su vez busca negociar una candidatura en Acapulco para Citlali Calixto. No es casualidad: su postura refleja una disputa interna en el partido guinda, donde el tema universitario se ha convertido en una bandera de posicionamiento frente al Ejecutivo y de negociación de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.
Porque, seamos claros: regresar la iniciativa equivaldría a corregirle la plana a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Un movimiento así pondría en entredicho su ascendencia política sobre la bancada morenista y abollaría la autoridad del presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Jesús Urióstegui García, cuya conducción se ha caracterizado por mantener los equilibrios entre los grupos internos del Congreso. ¿Se atreverá el Legislativo a cruzar esa línea?
El fondo del debate va más allá del texto legal. La iniciativa cuenta con fundamento expreso en el artículo 70 de la Ley vigente, que faculta al Consejo Universitario a proponer reformas "a iniciativa propia o a través de sus instancias de consulta". Y esas atribuciones fueron establecidas tras un proceso de alta legitimidad: el V Congreso General Universitario de 2016, que consolidó el actual modelo de gobierno interno de la UAGro.
Es decir, no se trata de una imposición ni de una ocurrencia. El Consejo Universitario actuó dentro de su marco legal y con plena legitimidad democrática. Pretender desconocer ese proceso sería no solo un agravio a la autonomía universitaria, sino una señal de que las pugnas políticas están por encima de la institucionalidad.
El Congreso tiene frente a sí una decisión de doble filo: aprobar la reforma y reafirmar el respeto a la autonomía universitaria, o devolverla y abrir un frente innecesario con la gobernadora.
La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿se atreverán los diputados a desafiar a Evelyn Salgado y a poner a prueba el liderazgo de Urióstegui García? Sin olvidar lo que eso significa rumbo al proceso electoral del 2027.
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