Chilpancingo, Gro.,19 de febrero.- En el marco del "Día del Ejército Mexicano", unos 150 familiares de víctimas de la llamada Guerra Sucia (1969-1979), que se vivió en Guerrero, protestaron afuera de las instalaciones del 6o Batallón de Ingenieros de Combate en Chilpancingo, en demanda de que la Fuerza Aérea Mexicana informe con el nombre y el número de personas que fueron lanzadas al mar en lo que se conoció como los "vuelos de la muerte", y el castigo a quienes dieron las órdenes.
En la protesta participaron el Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del municipio de Atoyac de Alvarez; la asociación representativa de ejidos y comunidades, y víctimas de violaciones de derechos humanos y grupos vulnerables; y la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), que también demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, el castigo a los militares que ordenaron la desaparición de sus familiares, los cuales suman más de 600 personas, aunque otros sectores aseguran que son más de mil.
Exigieron la destitución del fiscal general de la república (FGR), Alejandro Gertz Manero, a quien denunciaron de no llevar a cabo las investigaciones correspondientes durante los cuatro años del gobierno del Presidente López Obrador.
En tanto, entre consignas y reclamos, pidieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien se encontraba en un desayuno al interior del 6o Batallón, que los reciba en audiencia, pues recordaron que desde hace un año le solicitaron su intervención "pero es el momento en que no nos ha recibido, a pesar de que las desapariciones fueron aquí en Guerrero".
Antes los contingentes, provenientes principalmente del municipio de Atoyac de Alvarez, marcharon desde el punto conocido como Las Banderas, hasta las instalaciones del 6o Batallón, transitando por el carril de sur a norte de la Autopista del Sol México-Acapulco, en donde se llevó a cabo un mitin.
En el mitin Octaviano Gervasio Serrano, en representación de los convocantes, leyó un comunicado de prensa suscrito por familiares de las víctimas, en el que demandó "una investigación ministerial pronta y expedita, con la finalidad de lograr el esclarecimiento de los hechos, y se logre la identificación, captura y castigo de los elementos militares y pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana responsables de la desaparición forzada de nuestros familiares, de los cuales tenemos conocimiento que muchos de esos criminales aún viven".
Denunció que "las investigaciones de los hechos donde fueron desparecidos forzadamente nuestros familiares, no registran avances importantes porque el secretario de la Defensa Nacional no permite las investigaciones y protege a los militares criminales que aún viven, lo cual lo denunciamos y repudiamos".
También denunciaron "el mal trabajo que está haciendo el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, debido a que actualmente solo dos agentes ministerios públicos de la federación mal atienden a los más de 600 de nuestros casos en trámite ante esa Fiscalía; por eso que exigimos la salida y renuncia del fiscal, por incompetente y omiso".
Además "denunciamos la simulación y omisión de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos, cometidas de 1965 a 1990, debido a que dicha Comisión no ha registrado ningún avance importante para lograr esclarecer los hechos y dar por fin con el paradero final de nuestros familiares".
Solicitamos una reunión urgente "con el presidente Andrés Manuel López Obrador, teniendo como puntos primordiales la creación de una Fiscalía Especial y la entrega de los archivos secretos de la represión del ejército a la Fiscalía General de la República, y a la Comisión, con la finalidad de ejercer acción penal en contra de los militares perpetradores que aún viven".
Los colectivos están conformados por aproximadamente 450 familiares de 80 personas desaparecidas forzadamente, y de 86 víctimas directas de tortura y ejecuciones sumarias cometidas durante la Guerra Sucia.
Hasta el lugar en que se desarrolló el mitin, arribó Abel Barrera Hernández, miembro de la Comisión para el Acceso a la verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos, cometidas de 1965 a 1990, quien señaló que "se está accediendo a los archivos del ejército, no con la celeridad que quisiera uno, va lento; hay un equipo de trabajo que cotidianamente acude a los archivos en el Campo Militar".
Sin embargo, todavía "no podemos contar con información que nos de pistas; es un poco complicado, va despacio la investigación; no se ha podido avanzar en los expedientes que den pista, sobre todo de los responsables, pero por lo menos se tiene más elementos, entendemos que es la primera etapa de la investigación, se están conociendo algunos acervos, pero falta, como lo demandan los familiares, datos más contundentes, más precisos del paradero de sus familiares desaparecidos, no hay datos concluyentes".
Anunció que se va a solicitar "el acceso a las instalaciones militares, y acceder a más archivos (del ejército), pero por el momento no hay respuesta", dijo entre otras cosas.
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