Preguntas políticas ante la detención de Aguirre

 

Por Julio Zenón Flores / Trasfondo

En política no hay casualidades y, cuando un personaje con la trayectoria, relaciones e información que tiene Ángel Aguirre Rivero es detenido dos días después de que pide públicamente, que el gobierno federal aplique en Guerrero la Operación Enjambre y advierte que Omar García Harfuch conoce bien el estado y sabe de la relación que algunas autoridades municipales han mantenido con grupos criminales, resulta inevitable preguntarse si su detención fue solamente la consecuencia de una investigación que llevaba años en curso o si, además, hubo alguna preocupación por lo que el exgobernador pudiera comenzar a decir en público.

Aguirre no estaba hablando de cualquier cosa. Estaba hablando de seguridad, de autoridades municipales y de posibles vínculos con organizaciones criminales, y lo hacía mencionando directamente a Harfuch, un funcionario que conoce Guerrero y que tuvo responsabilidades de seguridad precisamente durante los años en que ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dos días después, la Fiscalía General de la República ejecutó una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con el ocultamiento de evidencias de aquel caso.

La investigación de la FGR tendrá que seguir su curso y corresponderá a los tribunales determinar si las acusaciones se sostienen. Eso no está a discusión. Lo que sí merece una lectura política es el momento en que ocurre la detención, porque Aguirre seguía siendo un personaje con capacidad de interlocución en Guerrero, particularmente en Acapulco y en las dos costas, donde conserva relaciones construidas durante décadas y donde una recomendación suya todavía puede tener algún peso entre grupos y liderazgos regionales.

Por eso tampoco puede separarse este episodio de la disputa interna de Morena por la coordinación estatal de los trabajos de la Cuarta Transformación. Aguirre no necesitaba aparecer en un templete ni declararse públicamente a favor de uno u otro aspirante para influir; bastaba con que comenzara a mover sus relaciones y a expresar preferencias para modificar, aunque fuera parcialmente, los equilibrios entre quienes hoy buscan encabezar ese proceso.

Y aquí aparece una posibilidad que no debe descartarse: que alguien dentro del gobierno federal, o en el ámbito estatal con suficiente influencia hacia el ámbito federal, haya considerado incómoda la posición que Aguirre comenzaba a asumir y haya interpretado su llamado a la Operación Enjambre como algo más que una recomendación de seguridad, particularmente si detrás de ella existía la posibilidad de que el exgobernador estuviera dispuesto a hablar de lo que conoció durante su administración y hacer una extrapolación a la actualidad.

Porque un exgobernador conoce nombres, relaciones, operadores, acuerdos y conflictos que difícilmente aparecen en un expediente oficial. Y si Aguirre estaba dispuesto a hablar públicamente de la relación entre autoridades municipales y grupos criminales, también es razonable preguntarse si alguien pudo pensar que era mejor que cualquier información adicional la entregara en privado ante la Fiscalía y no frente a los micrófonos.

Hay otra posibilidad todavía más delicada: que la detención no busque necesariamente impedir que Aguirre hable, sino cambiar las condiciones en las que lo hará. Lo que diga ahora tendrá que pasar por el filtro de un hombre sometido a proceso penal, cuya credibilidad política puede ser cuestionada con mucha mayor facilidad que la de un exgobernador hablando libremente en medios de comunicación.

El antecedente de Pedro Segura obliga, además, a recordar que no sería la primera vez que una figura con aspiraciones políticas y capacidad económica para construir una campaña termina enfrentando una intervención de la FGR justo cuando comienza a elevar el tono de su actividad pública. Segura llegó a hablar de una gran campaña por la gubernatura y de convertir Guerrero en un Dubai; después fue detenido bajo acusaciones de presuntos vínculos con el crimen organizado y liberado pocas horas más tarde, sin que públicamente quedara una explicación suficiente sobre lo ocurrido. A partir de entonces redujo notablemente su protagonismo en Guerrero y prefirió pasar mucho más tiempo en Estados Unidos, donde también tiene nacionalidad, que en México.

El antecedente permite plantear una pregunta: ¿hasta dónde puede utilizarse una institución como la Fiscalía General de la República para contener políticamente a personajes con influencia que no necesariamente se pliegan a los intereses de Morena?

La pregunta es pertinente porque una Fiscalía debe perseguir delitos, no administrar equilibrios electorales. Si existen pruebas contra Aguirre, debe responder por ellas; si existen elementos contra cualquier otro personaje, también. Lo que no sería aceptable es que una investigación penal se convierta en una herramienta para sacar del escenario a un actor político porque sus relaciones, sus declaraciones o su capacidad de influencia resulten incómodas para quienes tienen el poder.

Y mientras se aclara esa parte, la detención ya está produciendo efectos políticos.

Las fotografías de Aguirre con Beatriz Mojica, Esthela Damián y otros personajes comenzaron a circular como munición en redes sociales, intentando convertir relaciones políticas de otros tiempos en responsabilidades actuales. Mojica, por cierto, había declarado apenas una semana antes, en el programa Círculo, que llevaba años sin hablar con Aguirre. Ese deslinde adquiere relevancia porque demuestra hasta qué punto el expediente del exgobernador comenzó a utilizarse inmediatamente para golpear a quienes participan en la contienda interna de Morena.

En cuanto a Félix Salgado Macedonio, quien quedó fuera de la competencia por la coordinación estatal, pero nadie puede dar por descontada su salida del juego político y es público que conserva estructura, seguidores y capacidad de interlocución, y que todavía existe la duda sobre si aceptará permanecer dentro de Morena en las condiciones que le fueron impuestas o si buscará alguna otra forma de conservar influencia.

Aguirre también tenía capacidad de influencia, aunque desde otra posición y con otra red de relaciones. Por eso su detención modifica el escenario, independientemente de que haya sido ésa o no la intención de quienes ejecutaron la orden.

Y quizá ahí esté el punto central: no hace falta demostrar una conspiración para reconocer que una detención de esta naturaleza tiene consecuencias políticas. Lo que corresponde ahora es observar a quién benefician esas consecuencias, quién pierde capacidad de operación, qué grupos regionales comienzan a moverse y cuáles de los aspirantes a la coordinación estatal terminan recogiendo los apoyos que antes podían encontrar en otros espacios.

La otra pregunta es qué ocurrirá con lo que Aguirre sabe.

Veremos si durante el proceso aparecen declaraciones sobre las relaciones entre autoridades, grupos criminales y estructuras políticas de Guerrero y si el expediente adquiere una dimensión mucho mayor que la que hoy conocemos.

Habrá que poner atención si Aguirre tiene información relevante sobre hechos criminales o sobre la actuación de autoridades durante los años en que gobernó Guerrero y si la detención termina siendo utilizada para desacreditarlo, silenciarlo o impedir que sus relaciones políticas tengan algún efecto en la sucesión de Morena.

No se trata de defender a Aguirre ni de cuestionar que la Fiscalía investigue. Se trata de exigir que la justicia y la disputa política permanezcan separadas.

Ayotzinapa merece que se conozca la verdad y que quienes resulten responsables respondan ante la justicia. Guerrero merece también que quienes aspiren a gobernarlo puedan competir en condiciones democráticas, sin que una institución encargada de perseguir delitos termine convertida en árbitro de las relaciones políticas.