**TRASFONDO INFORMATIVO / Julio Zenón Flores**
La detención de Ángel Aguirre Rivero, si finalmente se confirma y se sostiene en los tribunales por su relación con los hechos de Iguala, abre una puerta que durante casi doce años permaneció prácticamente cerrada: la de la responsabilidad política por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una puerta que no puede quedarse en la detención de un exgobernador, sino que tendría que conducir hasta quienes tomaron decisiones, encubrieron hechos, destruyeron evidencias y construyeron una explicación que terminó siendo desechada por las propias investigaciones posteriores.
Desde el principio hubo, en términos generales, tres grandes líneas para intentar llegar a los responsables de aquella noche.
La primera apuntaba al crimen organizado. Guerreros Unidos fue identificado como uno de los actores centrales y, a partir de esa hipótesis, se desmanteló buena parte de su estructura y fueron detenidos numerosos integrantes del grupo, aunque eso nunca permitió explicar por completo la desaparición de los estudiantes ni mucho menos cerrar el expediente para las familias.
La segunda línea apuntaba al Ejército. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se produjo un hecho que durante años parecía imposible: militares señalados en las investigaciones fueron detenidos y alrededor de una treintena de elementos quedaron sujetos a procesos relacionados con el caso, aunque también en este terreno la verdad judicial quedó lejos de satisfacer las exigencias de los padres y madres de los estudiantes.
La tercera línea era la política.
Y ahí el avance había sido mucho más limitado.
Ángel Aguirre tuvo que pedir licencia y abandonar la gubernatura, mientras que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, terminó en prisión, pero no por la desaparición de los 43 normalistas, sino por otro expediente: el asesinato del dirigente social Arturo Hernández Cardona y otros delitos.
Es decir, durante años el Estado mexicano había avanzado sobre sicarios, policías, militares y operadores locales, pero la responsabilidad política de quienes estaban en la cúspide del poder estatal aquella noche permanecía en una zona prácticamente intocable.
Por eso la detención de Aguirre tiene una dimensión distinta.
No significa, por sí misma, que ya se haya probado su responsabilidad penal en la desaparición de los estudiantes. Eso tendrá que determinarlo un juez. Pero sí significa que, por primera vez, la investigación puede colocar en el centro una pregunta que durante demasiado tiempo quedó relegada: ¿qué sabía el gobernador, cuándo lo supo, qué hizo con esa información y qué ocurrió después con las evidencias que podían comprometer a funcionarios y autoridades?
Y ahí aparece uno de los puntos más delicados del caso: la destrucción de videos y la construcción de una versión oficial de los acontecimientos.
La llamada “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam y de la entonces PGR fue presentada como una explicación prácticamente definitiva, pero después quedó seriamente cuestionada y fue desmantelada por investigaciones posteriores, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y por nuevas evidencias.
La pregunta que queda pendiente es mucho más profunda que saber quién apretó el gatillo o quién ordenó la desaparición de los estudiantes.
Es saber quién decidió qué debía conocerse y qué debía desaparecer.
Porque una versión de Estado de esa magnitud no se construye solamente con declaraciones de policías municipales, sicarios detenidos o funcionarios menores. Para imponerla como explicación oficial tuvo que existir una cadena de decisiones políticas y administrativas, y esa cadena inevitablemente conduce hacia los niveles más altos del poder.
Por eso la investigación sobre Aguirre puede adquirir una importancia que rebasa su propia figura.
Si existen elementos para acreditar que desde el gobierno de Guerrero se conoció información relevante y, en lugar de preservar las evidencias, se permitió o se ordenó su destrucción; si se acredita que funcionarios estatales participaron en la construcción de una versión destinada a desviar la investigación; si se demuestra que hubo coordinación con autoridades federales para sostener esa narrativa, entonces ya no estaríamos solamente frente a la responsabilidad de un gobernador por lo ocurrido durante su administración.
Estaríamos ante una posible responsabilidad por lo que el Estado hizo después de la desaparición.
Y eso es precisamente lo que las familias de los estudiantes han reclamado durante años: no solamente saber quién se llevó a sus hijos, sino saber quién permitió que la verdad fuera sustituida por una mentira oficial.
La detención de Aguirre, por eso, toca la puerta de la justicia para los familiares, pero también toca una puerta histórica para Guerrero.
Nunca se había llegado al extremo de detener a un gobernador guerrerense en un proceso de esta naturaleza por hechos que podrían involucrar graves violaciones a los derechos humanos y, de acreditarse los elementos jurídicos correspondientes, responsabilidades vinculadas con crímenes de lesa humanidad.
Es inevitable recordar, en este punto, el caso de Rubén Figueroa Alcocer.
Después de la masacre de Aguas Blancas, Figueroa dejó la gubernatura en medio de una crisis política y de derechos humanos, pero nunca enfrentó una situación comparable a la que ahora puede abrirse con Aguirre. La diferencia es sustancial: una cosa es que un gobernador abandone el cargo por responsabilidad política y otra muy distinta que años después sea llevado ante un juez para responder penalmente por hechos ocurridos durante su administración.
Pero hay algo todavía más delicado.
Si la investigación sobre Aguirre logra demostrar que la fabricación de la llamada verdad histórica tuvo respaldo o conocimiento en los niveles más altos del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, entonces la ruta judicial podría llegar a una figura que hasta ahora ha permanecido fuera de cualquier comparecencia directa ante la justicia por el caso Ayotzinapa: el expresidente de la República.
No se trata de adelantar una culpabilidad que solamente podría determinar una autoridad judicial. Se trata de reconocer la consecuencia lógica de una investigación que, si realmente quiere llegar hasta el fondo, no puede detenerse en los funcionarios que ejecutaron las decisiones.
¿Quién ordenó?
¿Quién sabía?
¿Quién permitió?
¿Quién encubrió?
¿Quién decidió destruir o tolerar la destrucción de evidencias?
¿Quién autorizó que una versión cuestionada se convirtiera en la explicación oficial del Estado mexicano?
Responder esas preguntas sería mucho más importante que sumar otro nombre a una lista de detenidos.
Porque Ayotzinapa no necesita únicamente culpables; necesita que se reconstruya la cadena de responsabilidades.
Y si esa cadena termina tocando a un expresidente, tendrá que ser la justicia, no la política, la que determine qué procede.
Pero una investigación que llegue hasta ahí tendría además una consecuencia política inevitable: pondría bajo escrutinio el entendimiento que durante años se ha señalado entre Morena y el grupo político de Enrique Peña Nieto, un entendimiento cuya existencia ha sido objeto de debate y especulación, pero que nunca había tenido frente a sí un expediente judicial con la capacidad de ponerlo a prueba.
Por eso la detención de Aguirre puede ser mucho más que el capítulo tardío de un viejo expediente.
Puede ser el principio de una nueva etapa de Ayotzinapa.
Una en la que ya no solamente se persiga a quienes ejecutaron la desaparición, sino también a quienes pudieron haber utilizado el poder para ocultarla.
Y después de casi doce años, esa es quizá la única justicia que todavía puede darle sentido a la exigencia de los padres: no una verdad conveniente, no una verdad política, no una verdad fabricada, sino la verdad completa, aunque para encontrarla haya que tocar las puertas más altas del poder.
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