Por Julio Zenón Flores
Abelina López Rodríguez enfrenta la contienda interna de Morena por la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero con una ventaja que ningún otro aspirante puede tener exactamente en las mismas condiciones: ha gobernado Acapulco durante un periodo extraordinariamente complejo, marcado primero por problemas financieros, administrativos y de infraestructura que ya existían en el municipio y posteriormente por la devastación provocada por el huracán Otis, de manera que su candidatura puede construirse a partir de una experiencia de gobierno que los demás solamente pueden analizar desde fuera.
La pregunta es si esa experiencia puede convertirse en una ventaja electoral suficiente para ganar la encuesta.
Abelina parece haber encontrado una ruta para intentarlo mediante un discurso basado principalmente en la honestidad, la defensa de su administración frente a los cuestionamientos por el manejo de recursos públicos y la afirmación de que Acapulco ha avanzado en su recuperación a pesar de las condiciones adversas provocadas por Otis.
El planteamiento tiene lógica política porque responde a dos de las principales críticas que ha recibido durante su administración: el desempeño del gobierno municipal y las controversias relacionadas con la fiscalización de recursos.
En el caso de los alrededor de 900 millones de pesos relacionados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Abelina ha sostenido que no se trata de recursos cuyo manejo pueda ser revisado por la Auditoría Superior del Estado en los términos que se le han cuestionado, al tratarse de recursos federales, mientras que el asunto ha generado una disputa entre autoridades fiscalizadoras y el Ayuntamiento de Acapulco.
Políticamente, el asunto representa para la alcaldesa un problema y una oportunidad al mismo tiempo.
El problema consiste en que cualquier controversia relacionada con cientos de millones de pesos puede afectar la percepción ciudadana sobre una administración, particularmente cuando el debate se traslada del ámbito jurídico al terreno político. La oportunidad consiste en que Abelina puede convertir su defensa en una parte central de su discurso de honestidad y sostener que los señalamientos en su contra no corresponden a un acto de corrupción, sino a una controversia sobre las facultades de fiscalización y la aplicación de recursos.
Sin embargo, para que esa estrategia sea efectiva en una encuesta, tendrá que ir más allá de la declaración política.
El argumento de que no se robó los 900 millones necesita estar acompañado de información verificable sobre el origen de los recursos, su destino, las obras realizadas y la documentación que permita a los ciudadanos entender qué ocurrió realmente, porque en una competencia electoral la percepción de honestidad no se construye solamente negando una acusación, sino demostrando con hechos y documentos que el dinero público fue utilizado correctamente.
Ese puede ser uno de los principales retos de Abelina.
Su discurso puede tener impacto entre quienes ya están convencidos de que la controversia responde a intereses políticos, pero difícilmente será suficiente para modificar la percepción de quienes tienen dudas sobre la administración municipal si no existe una explicación sencilla, pública y comprobable sobre el destino de los recursos.
La misma situación se presenta con la reconstrucción de Acapulco después de Otis.
Abelina puede argumentar que ningún gobierno municipal habría podido enfrentar las consecuencias de un fenómeno de esa magnitud sin que los daños, las carencias y los rezagos se mantuvieran durante varios años, y tiene elementos para sostener que la recuperación ha requerido una coordinación extraordinaria entre los gobiernos municipal, estatal y federal.
El problema es que el ciudadano no evalúa solamente el contexto, sino también el resultado.
Acapulco ha recibido inversiones importantes después de Otis, se han rehabilitado espacios públicos y vialidades, se han desarrollado programas de reconstrucción y existe una intervención de los gobiernos federal y estatal que ha permitido recuperar parte de la infraestructura turística y urbana, pero todavía existen zonas con problemas de servicios públicos, deterioro urbano, movilidad, agua potable, basura e inseguridad, por lo que Abelina no puede presentar la reconstrucción como un proceso concluido.
Su mejor argumento tendría que ser otro: demostrar que, dentro de las atribuciones municipales y con los recursos disponibles, su gobierno ha avanzado en determinadas áreas y que esos resultados pueden ser comprobados por los ciudadanos.
Ahí es donde el discurso de honestidad puede adquirir mayor fuerza si se vincula con resultados.
Porque una candidatura estatal no puede sostenerse solamente en la afirmación de que la alcaldesa no robó, ya que la honestidad constituye una condición básica para cualquier gobierno y no necesariamente una razón suficiente para votar por una persona. Abelina necesita convertir esa defensa en una propuesta política más amplia, en la que la honestidad se relacione con la forma de administrar, la austeridad, la utilización de los recursos y la capacidad para resolver problemas.
También tendrá que enfrentar un asunto que puede ser decisivo: su fortaleza en Acapulco no garantiza automáticamente una ventaja en todo Guerrero.
La elección interna de Morena requiere medir su aceptación más allá del municipio que gobierna y, por lo tanto, deberá demostrar que su nivel de conocimiento y respaldo puede trasladarse a las regiones del estado, particularmente en lugares donde existen estructuras políticas diferentes y donde otros aspirantes tienen vínculos territoriales más consolidados.
Ese será probablemente el punto en el que sus adversarios intentarán detener su crecimiento.
Quienes compiten contra Abelina pueden argumentar que una cosa es gobernar Acapulco y otra muy diferente gobernar Guerrero, donde existen problemas de seguridad, pobreza, desarrollo rural, infraestructura carretera, salud, educación, producción agrícola y desigualdad regional que requieren una estrategia estatal.
Abelina tendrá que responder demostrando que su experiencia en el municipio no constituye una limitación, sino una ventaja, porque Acapulco representa uno de los principales retos económicos, turísticos, urbanos y sociales del estado y porque haber enfrentado la emergencia provocada por Otis le permitió conocer de manera directa la coordinación que requiere un gobierno ante una crisis de grandes dimensiones.
La encuesta, por lo tanto, podría convertirse en una evaluación sobre algo más que la popularidad de los aspirantes.
También puede medir cuál de ellos logra construir una narrativa política que los simpatizantes de Morena consideren compatible con la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación.
En ese terreno, Abelina tiene una oportunidad si consigue que su discurso de honestidad sea creíble y que su defensa de los 900 millones de pesos esté respaldada por información clara, mientras que la reconstrucción de Acapulco deberá presentarse como un proceso en marcha y no como una obra terminada.
Si consigue articular esos elementos, puede crecer en la encuesta porque estaría ofreciendo una explicación coherente de su administración y, al mismo tiempo, una razón para continuar el proyecto político que encabeza Morena en Guerrero.
Pero si el tema de los 900 millones permanece rodeado de dudas y si los ciudadanos consideran que los problemas de Acapulco siguen siendo mayores que los resultados de su gobierno, la misma estrategia puede producir un efecto contrario y convertir las controversias de su administración en el principal argumento de sus adversarios.
Por eso, la posibilidad de que Abelina López gane la encuesta existe, pero depende en buena medida de que consiga transformar tres elementos que hoy aparecen separados —honestidad, defensa de los recursos públicos y reconstrucción de Acapulco— en una sola explicación política capaz de convencer a los simpatizantes de Morena de que ella no solamente puede defender su gestión municipal, sino que también tiene la capacidad para encabezar el proyecto estatal rumbo a 2027.
En última instancia, Abelina no tendrá que convencer únicamente de que no se robó los 900 millones, sino de algo políticamente más importante: que su gobierno puede ser auditado, explicado y defendido con documentos, que los resultados de la reconstrucción pueden ser comprobados y que la experiencia acumulada en Acapulco es suficiente para dar el siguiente paso hacia el gobierno de Guerrero.
Si logra que esa percepción se instale entre los encuestados, su candidatura puede recuperar fuerza y colocarse entre las opciones con posibilidades reales de ganar.
Si no lo consigue, sus adversarios tendrán un argumento sencillo para cuestionarla: que la defensa de su honestidad no puede sustituir la evaluación de los resultados de su gobierno.
Esa será, probablemente, la verdadera disputa de Abelina en la encuesta.
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