Por Julio Zenon Flores
Durante casi un año, el expediente de la Auditoría Superior del Estado fue presentado como la prueba irrefutable de que la presidenta municipal con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, había incurrido en un manejo irregular de recursos federales. La narrativa estaba diseñada para un solo propósito: instalar la idea de corrupción y convertirla en un lastre político rumbo a la sucesión de 2027.
Como algunos ya lo veían venir, el derecho terminó por alcanzar a la política.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó lo que Abelina sostuvo desde el primer momento: los recursos federales son competencia exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación. No de las auditorías estatales.
Aunque la diferencia parece técnica. No lo es. En realidad es la columna vertebral del caso.
Si la Auditoría Superior del Estado carecía de facultades constitucionales para fiscalizar esos fondos, también se desploma el argumento con el que se pretendió construir uno de los mayores escándalos políticos de los últimos meses en Guerrero.
Es un detalle que llama la atención.
Veamos.
La resolución del máximo tribunal del país no absuelve ni condena sobre el uso de los recursos; simplemente pone orden donde la política había sembrado confusión: cada autoridad debe actuar dentro de sus atribuciones. Y eso basta para desmontar la narrativa de un supuesto "robo" que fue repetida una y otra vez como si ya existiera una sentencia.
Ahora la pregunta es ¿Quién responderá por haber utilizado un conflicto de competencias como arma política?
Porque resulta difícil creer que nadie conociera los límites constitucionales de la Auditoría Superior del Estado. Más bien, todo apunta a que el objetivo nunca fue ganar un debate jurídico, sino desgastar a una de las figuras más competitivas de Morena en Acapulco.
Y ahí está el verdadero trasfondo. La discusión nunca fue únicamente por si se hacían o no auditorías.
Fue por sacar de la contienda a quien, guste o no, mantiene una base política sólida y una capacidad de movilización que pocos actores locales pueden presumir.
Por ello la resolución de la Corte cambia el escenario
Abelina recupera iniciativa, desactiva uno de los principales flancos de ataque en su contra y obliga a sus adversarios a replantear su estrategia. Ya no podrán sostener el mismo discurso con la misma contundencia, porque el máximo intérprete de la Constitución les acaba de retirar el piso jurídico.
El fallo en torno al caso enseña que las campañas negras pueden dejar huella, pero las resoluciones de la Suprema Corte dejan precedente y ese precedente, hoy, favorece a Abelina López Rodríguez.
A partir de ahora, la verdadera discusión será quién convirtió una diferencia jurídica en un instrumento de confrontación política y, rigor, la respuesta está a la vista.
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