En un movimiento que sacude la escena política mexicana y escala la presión internacional sobre el combate al narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos imputó cargos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La acusación fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur
de Nueva York, una de las instancias más agresivas en la persecución del
narcotráfico. Ahí se le señala por delitos de alto impacto, como conspiración
para la importación de drogas y posesión de armamento de uso exclusivo,
presuntamente en coordinación con la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de
Sinaloa.
Pero Rocha no está solo en este expediente. En la misma
causa aparece el senador Enrique Inzunza Cázarez, junto a otros exfuncionarios
de áreas clave como seguridad y finanzas, lo que perfila —según la narrativa de
los fiscales estadounidenses— una red institucional de protección al crimen.
De acuerdo con la acusación, los implicados habrían recibido
sobornos millonarios a cambio de facilitar operaciones del cártel: desde
permitir el tránsito de cargamentos de droga, hasta filtrar información
sensible sobre operativos, garantizando así un margen de impunidad en
territorio sinaloense.
El expediente también incluye señalamientos por uso de armas
de fuego y dispositivos explosivos, cargos que en el sistema estadounidense
pueden traducirse en sentencias que van desde 40 años de prisión hasta cadena
perpetua.
Por ahora, todos los señalados permanecen en México y,
conforme a derecho, se presumen inocentes hasta que se determine su
responsabilidad en un tribunal.
Más allá de lo judicial, el caso abre un capítulo político
delicado: coloca a un gobernador en funciones bajo la lupa de la justicia
estadounidense y reaviva el debate sobre los alcances de la cooperación
bilateral en materia de seguridad… y sus implicaciones para la soberanía
mexicana.
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