La Fiscalía General de la República (FGR) judicializó la carpeta de investigación iniciada contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a quien acusa del presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por haber recibido una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla.
Como parte del proceso, María Amparo Casar fue citada para comparecer el próximo 16 de diciembre ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, donde se llevará a cabo la audiencia inicial ante la jueza Diana Selene Medina Hernández.
De acuerdo con la FGR, la investigación se relaciona con la pensión post mortem concedida por Pemex luego del fallecimiento de Márquez Padilla, ocurrido el 7 de octubre de 2004. La Fiscalía sostiene que el exfuncionario no murió a causa de un accidente, como se estableció oficialmente en su momento, sino que se trató de un suicidio, lo que, a su juicio, invalidaría el otorgamiento de los beneficios económicos.
La carpeta de investigación fue abierta el 5 de abril de 2024, tras una denuncia presentada por Pemex contra Casar y sus hijos, al considerar que la pensión vitalicia y otros pagos derivados del fallecimiento fueron obtenidos de manera indebida.
Según la información oficial, la familia habría recibido más de 17 millones de pesos por concepto de seguro de vida y gastos funerarios, además de una pensión mensual cercana a los 130 mil pesos para María Amparo Casar y pagos de 15 mil 434 pesos mensuales para cada uno de sus hijos hasta cumplir 25 años y concluir sus estudios.
En mayo de 2024, el entonces director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que la empresa productiva del Estado emprendió diversas acciones legales para recuperar más de 31 millones de pesos que consideró fueron pagados indebidamente.
Fuentes federales indicaron que actualmente María Amparo Casar enfrenta litigios en materia civil, administrativa y penal. Tras la denuncia, Pemex suspendió el pago de la pensión, lo que llevó a Casar a promover un juicio de amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito en materia de Trabajo en la Ciudad de México.
En un primer momento, el juez concedió una suspensión de plano que ordenó a Pemex continuar con los pagos. No obstante, el 25 de febrero de 2025, el juzgador sobreseyó el amparo al considerar que la empresa continuó cubriendo la pensión mientras estuvo vigente la suspensión.
Contra dicha resolución, Casar interpuso un recurso de revisión, el cual fue admitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo de la Ciudad de México y permanece, desde septiembre de este año, en la ponencia del magistrado Francisco Peñaloza Heras, sin que hasta ahora se haya emitido una resolución.
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