Han pasado 49 años desde que Victoria Hernández Brito fue detenida y desaparecida en Iguala, Guerrero. Era estudiante de la Escuela Superior de Agricultura (ESA) de la UAGro Universidad Autónoma de Guerrero y participaba activamente en el movimiento por la devolución de las instalaciones universitarias, tomadas por el gobierno estatal en un contexto de tensión política y represión abierta.
Su desaparición, ocurrida el 11 de noviembre de 1976, fue una más entre las decenas que marcaron la llamada "guerra sucia" en el estado. Un periodo en el que la frontera entre la autoridad y la ilegalidad se desdibujó, y donde el castigo a la disidencia se convirtió en práctica institucional.
Victoria era joven, disciplinada, y provenía de una familia campesina. No empuñaba un arma ni formaba parte de una guerrilla. Su "falta" fue militar en la organización estudiantil que exigía el respeto a la autonomía universitaria. Eso bastó para ser considerada peligrosa.
En los círculos de la Coalición de Comités de Lucha de Acapulco (CCLA), de la que formé parte en aquellos años, circuló una versión que nunca fue investigada formalmente, pero que se sostuvo con el tiempo entre quienes conocían los hechos de cerca: que Victoria fue sacada en un helicóptero de las instalaciones de la ESA, y que quien la entregó a las autoridades fue un ingeniero agrónomo que, tiempo después, fue liberado por intervención del entonces gobernador Rubén Figueroa Figueroa.
Años más tarde, ese mismo personaje ocuparía un cargo público: la dirección del DIF Acapulco.
El caso de Victoria Hernández Brito expone con crudeza la forma en que los mecanismos del poder local operaban en Guerrero durante los setenta: una combinación de cooptación, miedo y silencio. No solo se eliminaba a los disidentes, sino que se premiaba a los delatores. Esa red de complicidades tejió una cultura política basada en la obediencia y en el olvido.
Hoy, casi medio siglo después, la exigencia de su presentación con vida no es una consigna simbólica, sino una demanda de justicia que sigue pendiente. Porque mientras el Estado mexicano no esclarezca el destino de Victoria —y de cientos de estudiantes y campesinos desaparecidos—, la historia de Guerrero seguirá marcada por la impunidad.
Recordarla, por tanto, no es un gesto nostálgico, sino un acto político. La memoria de Victoria Hernández Brito nos recuerda que el poder, cuando no tiene límites, tiende a repetirse. Y que en Guerrero, el silencio oficial siempre ha sido la forma más prolongada de la violencia.
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