La elección popular de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) culminó con un resultado que pocos consideraban incierto: la integración de una Corte dominada por figuras cercanas a la 4T. Al 3 de junio, el recuento preliminar confirma que los nueve cargos serán ocupados por perfiles propuestos, respaldados o vinculados directamente al Ejecutivo federal. Lo que se anunció como una democratización de la justicia parece haber sido, más bien, la consolidación de un bloque ideológico en el máximo tribunal del país.
Encabeza esta renovación el abogado mixteco **Hugo Aguilar Ortiz**, quien obtuvo la mayor cantidad de votos —más de 4.9 millones— y se perfila como el próximo presidente de la Corte. Su historia es, sin duda, inspiradora: defensor incansable de los derechos indígenas, proveniente de Oaxaca, y con una propuesta judicial que reivindica los sistemas normativos propios de los pueblos originarios. Su perfil simboliza el anhelo de una justicia más humana, aunque algunos advierten que su cercanía con el oficialismo puede condicionar esa independencia tan anhelada en un poder judicial.
Le sigue **Lenia Batres Guadarrama**, figura clave del movimiento obradorista, hermana del exjefe de Gobierno Martí Batres y ya ministra desde 2023 por designación directa de AMLO. Con más de 4.6 millones de votos, su permanencia en la Corte está asegurada, reforzando la narrativa de continuidad ideológica.
Otros nombres, como **Yasmín Esquivel Mossa** y **Loretta Ortiz Ahlf**, también llegan con el respaldo del lopezobradorismo. Esquivel, cuestionada por el presunto plagio de su tesis, ha sido una de las figuras más polémicas del tribunal, mientras que Ortiz —exdiputada morenista— ha sido clave en la defensa jurídica de proyectos de la 4T.
También destacan perfiles jurídicos con experiencia administrativa y académica, como **María Estela Ríos González**, exconsejera jurídica de la Presidencia; **Sara Irene Herrerías**, experta en derechos humanos; y **Giovanni Azael Figueroa Mejía**, académico constitucionalista sin experiencia judicial previa, pero con buena recepción en círculos progresistas.
Completan la lista **Irving Espinosa Betanzo**, jurista penalista, y **Arístides Rodrigo Guerrero García**, con experiencia en justicia electoral.
Lo que genera suspicacia no es sólo la filiación política de los elegidos —algo habitual en la historia de la Corte—, sino el contexto en que se dieron los comicios: baja participación ciudadana (apenas 13%), acusaciones de uso de "acordeones" para orientar el voto, escasa difusión de propuestas y una narrativa triunfalista que parece ignorar las señales de alerta democrática.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido el proceso, argumentando que votaron más mexicanos que en la consulta para juzgar expresidentes y más que los que respaldaron a la oposición en 2024. Cierto. Pero el número de votos nulos superó a los obtenidos por los candidatos más votados, lo que también refleja desinformación o inconformidad.
¿Qué significa tener una Corte afín al Ejecutivo? ¿Se trata de una oportunidad para transformar desde adentro un sistema que históricamente ha servido a los poderosos? ¿O estamos frente a la subordinación de un poder autónomo a los intereses del partido dominante?
La ciudadanía votó, sí. Pero ahora toca observar con atención lo que harán estos nuevos ministros cuando tengan que resolver asuntos que incomoden al poder que los llevó ahí. La legitimidad de la nueva Corte no vendrá del número de votos, sino de su capacidad para actuar con independencia, criterio jurídico sólido y sentido de justicia.
Si el pueblo eligió, que la Corte le responda.
De eso dependerá si esta elección fue una conquista democrática o una simulación institucional.
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