• Tiene pendientes no sólo el caso de los 898 millones que se niega a que le sean auditados por la ASE, sino al menos diez procedimientos de auditorías de años anteriores
CHILPANCINGO, Gro., 30 de junio del 2025.- El Gobierno Municipal de Acapulco que encabeza la presidenta Abelina López Rodríguez no ha comprobado no solamente los 898 millones que se negó a que le fueran auditados por la Auditoría Superior del Estado, sino por lo menos otros 380 millones, resultado de otros diez procedimientos de auditoría que se le han practicado.
Así lo reveló el diputado local y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de Guerrero, Joaquín "Jacko" Badillo Escamilla, quien explicó que tales recursos por comprobar datan de los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023, de los cuales corresponden 265 millones que no han sido solventados ante la ASE, así como 115 millones que tiene pendientes de comprobar ante la Auditoría Superior de la Federación.
Entrevistado la mañana de este lunes por una televisora de cobertura nacional, Jacko Badillo detalló que sumando esas cantidades a los 898 que la alcaldesa Abelina López Rodríguez se negó a que le fueran auditados por la ASE, por lo cual enfrenta una demanda ante la Fiscalía General del Estado y otra posible ante el Tribunal de Justicia Administrativa, dan un total de 1,278 millones de pesos que tendría que solventar.
El Ayuntamiento de Acapulco tiene también pendientes los resultados de la auditoría al ejercicio fiscal 2024 que ya se le está aplicando y que se darán a conocer en próximas fechas.
El legislador acapulqueño admitió que es un problema complejo el que enfrenta el Ayuntamiento de Acapulco y la propia presidenta municipal Abelina López Rodríguez, pero que como entes fiscalizables tienen la obligación de rendir cuentas de los recursos que le son asignados y demostrar su correcta aplicación, ya que en los presupuestos que emanan de la Comisión que él preside y que son aprobados en el pleno del Congreso del Estado, van etiquetadas las partidas para lo que serán utilizadas, y desviarlas para otros fines o rubros también implican sanciones administrativas o incluso penales.
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