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Los riesgos del fiscal de facto en Guerrero (El Calderoncito)

Por Julio Zenón Flores Salgado

Mientras los morenistas de Guerrero andan distraídos en arreglar las cosas irregulares en las que se les pasó la mano en su proceso interno de elección de consejeros distritales y han perdido de vista lo que pasa en el renglón de inseguridad, el vicefiscal Ramón Celaya ha sabido aprovechar ese momento de vacío político para hacer de las suyas, en una frenética actividad que parece conducir a la entidad a una confrontación violenta de la cual ya se vive un inusitado derramamiento de sangre.
Ramón Celaya se coló a Guerrero con algún tipo de respaldo muy fuerte, del cual hablaremos a detalle más adelante, con la misma política de confrontación que impulsó el entonces presidente Felipe Calderón, política que ya ha sido descalificada por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que en vez de enfrentar a balazos a los criminales es mejor enfrentar las causas de la violencia, política resumida en su frase "abrazos, no balazos".
En ese tenor, Ramón Celaya ha asumido como fiscal de facto en Guerrero, desplazando a la fiscal nombrada por el Congreso, Sandra Luz Valdovinos, quien ha pasado casi inadvertida en las semanas recientes hasta casi desaparecer de los escenarios.
Mientras tanto, Ramón Celaya asumió el control total, incluida la comunicación social, con un lenguaje de franca confrontación no sólo con los grupos del crimen organizado que operan en la entidad, sino también con una organización social, la Upoeg, que ha sido crucial para mantener la tranquilidad en la Costa Chica, tranquilidad que se ha roto con la aparición de cadáveres por todos lados, hasta colgados de los puentes, como un macabro mensaje de fuerza.
El hecho real es que mientras la FGE, apoyada por soldados y marinos (cuya actuación se reduce a ser fuerza de apoyo militar, sin participar en la conducción del proceso), empuja para desarticular a la Upoeg en el estado, las zonas que antes cuidaba esta organización se vuelven más inseguras, y la aparición de cadáveres da la impresión de que es otra fuerza delincuencial la que se va apoderando de las plazas, en tanto que ni la Fiscalía, ni la Policía Estatal, ni soldados, ni marinos, tienen la capacidad numérica para quedarse de manera permanente a cuidar las áreas de las que desplazan a los de la Upoeg, lo cual beneficia a los enemigos de esa organización, que estaban contenidos y ahora toman el control.
¿A quién beneficia esto?
Al estado de Guerrero, no, porque en vez de avanzar en la expansión de zonas seguras, se están dando pasos atrás en las zonas que no estaban asoladas por la delincuencia. A la gobernadora Evelyn Salgado, tampoco, porque aun cuando se diga que la FGE es autónoma, ante la opinión pública la mandataria es la responsable de lo que pase en ese terreno, y con estos sucesos manda el mensaje de que se está actuando contra la línea federal dispuesta por AMLO, de “abrazos y no balazos”.
Los seis cadáveres que aparecieron en las cercanías de Quechultenango, con dos cabezas cercenadas y una camioneta quemada, constituyen la imagen icónica del rumbo que toma este capítulo de confrontación comenzado por Celaya.
Para cerrar este artículo sólo reflexionemos en que Celaya es un civil que se ha colocado por encima de la milicia que estaba a cargo en la Fiscalía de Guerrero. ¿Tanto poder tiene?
De eso hablaremos más adelante, pero por lo pronto dejamos el dato de que el maestro Celaya está casado con una mujer que fue parte del equipo más cercano a Genaro García Luna, y que ahora se mueve con un amparo bajo el brazo, pues tiene una orden de localización relacionada con el proceso del secretario de Seguridad de Felipe Calderón.
Esperamos que cuando los morenistas terminen su confrontación interna por las posiciones en el Consejo Estatal y en el próximo Congreso Nacional, no sea demasiado tarde y que no dejen sola a su gobernadora.

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