MIRADA INTERIOR
¿Crimen de estado o de lesa humanidad?
Por: Isaías Alanís
¿Se trató de una operación concertada con algunos implicados para que los detentadores del poder armaran el garlito de la detención de Jesus Murillo Karam por la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, o el caso va en serio?
El culebrón que se ha armado desde la noche de Iguala, podría ser una exitosa teleserie negra de Netflix, y la fotografia de un estado que pese a vender formulas injertadas por el “famoso pasado” culpable de todo, la justicia podría quedarse en el mismo lodazal para los emprendedores de promesas.
La devilidad con que se armó la detención de Murillo Karam es difusa; un enviado tartamudo y nervioso, y un tipo como Karam con todas las tablas enfundado en una chamarra y con las manos en los bolsillos. La “sinuosa” detención se realiza a pocos meses de elecciones donde Morena se podría sacar el bingo si gana el Estado de México, que es probable, dado el grado de corrución del gobernador Alfredo del Mazo, que trafica millones del erario a cuentas en Andorra y de llegar a un acuerdo, ¿lo cubrirán con su capa de impunidad a costa de parar la maquinaria millonaria de los votos a favor del tricolor despintado?
En el mismo canal y con otra historia, Rosario Robles Berlanga, dejó la carcel, pero su juicio, continua, así como TortuGertz enreda y pone piedras a los juicios como el de Emilio Lozoya, cuantos años habrá que esperar para que los operadores de la estafa maestra sean llevados a la justicia y los amigos de Lozoya, entre los que se encuentra EPN, quien desde España envia sus fotos por Instagram jugando golf, ¿Logrará salvar el copete? Y uno de sus operadores financieros, amigo de la familia Trump, Luis Videgaray Caso, inhabilitado por diez años y prófugo en Israel, al igual que Zerón de Lucio. ¿Son otros de los intocables de la 4T, entre decenas que se han acumulado?
En este triangulo de fabricación de delitos, verdades históricas, que ya son muchas, detenciones, negocio para los medios. ¿Qué de la justicia, qué de la impunidad de un país que esconde entre las tripas el asesinato de 43 jovenetos, más las muertes y ajusticiamientos colaterales de presuntos implicados o sospechosos de serlo?
La pelicula de terror en vivo, solo demuestra la fragilidad del aparato de justicia y la podredumbre de una institución manejada desde los hilos del poder.
El historial de matanzas pepetradas por el gobierno han sido desentrañadas, algunos ejemplos; Tlatelolco, Nochixtlan, El Charco, Tlatlaya, Aguas Blancas y una lista interminable de crimenes masivos y otros en los que se mezcla la delincuencia por el control de su territorio y la del estado para asegurar al grupo colaborador con millonarios óbolos para campañas.
En plena restitución “del tejido social”, hecho trizas no solo por el atraco a los bienes de la nación, este modelos ha parido 60 millones de pobres en México, la masacre de Iguala es otra mancha mas al tigre. Como dijera el “señor” dueño de una tienda de colocaciones llamada IFE, Lorenzo Cordova, “los muertos de Iguala fueron chichimecas”.
El “rayito de esperanza”, ha sido segado por el esmog de un estado imparable que como una Hidra se traga todo lo que toca con la varita negra de la corrupción. Y el caso de los 43, es una muestra de su imparable poder, incapaz de ser derrocado con “buenas intenciones samaritanas”. Si el árbol está podrido, hay que sanarlo o podarlo para evitar que contamine al bosque.
Desde aquella fatídica noche del 26 de septiembre de 2014, se sabe que los estudiantes fueron ejecutados. Las condiciones del cómo y el por qué, también. ¿Es un crimen de estado o de lesa humanidad celosamente guardado? Tiene alguna semejanza con dos asesinatos masivos: San Fernando, Tamaulipas en que fueron ejecutados 72 migrantes, y el 18 de mayo de 2011 en Allende, Coahuila, un gupo de Zetas penetró al poblado y destruyo casas, “mató al menos en dos días entre 18 y 26 personas. “Miguel Ángel Treviño, el Z-40, cobró la afrenta de tres de sus operadores en la zona, Alfonso Cuéllar, Héctor Moreno y Luis Garza, quienes habían desertado y huido a Estados Unidos con varios millones de dólares. La venganza en Allende fue contra familiares de los tres operadores de Treviño. Según investigaciones posteriores, al menos 26 personas fueron desaparecidas entre la tarde del viernes 18 y la noche del domingo 20 de marzo de 20¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬11”. (El País/10/octubre/2016).
“Algunos especulan que una de la razones del silencio mediático de esta noticia, tanto por los periódicos de circulación nacional, como por las principales televisoras del país (Televisa por ejemplo) es que los sucesos ocurrieron en 2011, cuando Felipe Calderón era presidente de México, Humberto Moreira gobernador de Coahuila y Sergio Alonso Lozano presidente municipal panista. El actual Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval estaba al mando del destacamento militar mas cercano, y este se enteró, diez días despues de la masacre. Y fue hasta el 2014 que ese sangriento hecho donde estuvieron involucrados policias municipales y federales salió a la luz. ¬¬¬¬¬¬El investigador del Colegio de México, Sergio Aguayo, coordinó el libro; (“En el desamparo: los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011).
En esa investigación el académico explicó: “fue un esfuerzo por recuperar la memoria de una tragedia que parecía destinada al olvido. Porque la ola de muerte que envolvió al norte de Coahuila en la primavera de 2011 no se supo en ese momento fuera de ahí.” (El País/10/octubre/2016). Y por ese trabajo fue demandado por Humberto Moreira. ¡Que cinismo¡
La noche de Iguala, ¿siguió el mismo patrón que la de Allende, ya había experiencia, tanto del estado como de los masacradores bajo una combinación dolarizada entre delincuentes y policías? En Iguala, se abrio el ostión hacia otros actores casuales o de reparto, como lo comentan diarios de circulación nacional y global:
“Lamentablemente en este proceso han fallecido o han sido ejecutadas 26 personas claves. De estas personas, 14 eran integrantes de Guerreros Unidos, tres familiares de miembros de esa organización criminal, dos de (otro grupo delictivo) Gente Nueva, siete testigos o involucrados, entre ellos activistas, funcionarios, políticos y gente que venía proporcionando información, como Mario Casarrubias Salgado, que encabezada Guerreros Unidos y había iniciado colaboración con esta Comisión”.
La actual Comisión de la verdad precedida por Alejandro Encinas, tiene las facultades para llegar hasta la verdad de la noche de Iguala o solo será otro eslabón mas para encubrir a los verdaderos culpables por omisión, colusión o por hacerse como el tío Lolo, entre los que se encuentra el ex presidente de México que se la pasa “de bomba” en España. Un párrafo del mensaje de la Comison de la Verdad a la letra dice: “La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”.
En el sistema presidencialista mexicano, el mas alto nivel lo ocupa el presidente y el comandante de la sedena, para estos casos. Con las órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía al mando de Tortugertz, ¿se va deshilvanar la madeja?: “El juez segundo de procesos penales federales, con sede en Toluca, estado de México, autorizó 83 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de los tres órdenes de gobierno que intervinieron en la investigación de los hechos, incluyendo a los 20 militares. En la lista, el de más alto rango es el general Alejandro Saavedra Hernández, quien era en 2014 comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo”.
¿Se va llegar hasta la cañeria sangrienta que vive México? Y la mano justiciera tocará las fibras mas sensibles de EPN, militares, marinos, políticos de México y Guerrero; representantes de los tres poderes del gobierno federal adscritos a la entidad suriana, como el Secretario de Seguridad de la CdMex, Omar García Harfuch quien sufriera un atentado peliculesco el 26 de julio del 2020 en las Lomas de Chapultepec.
¿Cuándo Alejandro Encinas o AMLO harán del conocimiento de la opinión pública nacional y global la lista negra de los implicados en la noche de Iguala; marinos, policias, politicos, del mas alto y bajo nivel, militares y delincuentes? La Fiscalia de la república en las manos del Alejandro “TortuGerzt” Manero, (coleccionista de autos deportivos y perseguidor de la familia de su hermano) llegará hasta saber de dónde salió la orden de parar las investigaciones de la Noche de Iguala y sus ramificaciones con el fenecido a medias “mexican moment” y ¿por qué, aun despues de tantas pifias legales de la fiscalia en otros juicios, Manero sigue al frente? Hoy los mexicanos esperan que la fiscalía no tuerza los procesos y sean bien documentados sin resquicios para chicanazos de abogados dinereros, y se sepa toda la verdad. ¿AMLO lo mantiene al frente de la Fiscalía porque confía plenamente en él? O ¿estamos en el umbral de una nueva verdad histórica sobre este asesinato masivo y el desenlace de un episodio negro que ha hecho sangrar las venas abiertas de México?
DE REOJO
CRIMEN DE ESTADO Y DE LESA HUMANIDAD
Para intentar estar en lo correcto, retomamos el análisis del investigador y maestro, Alberto Puppo, italiano residente en México desde 2008 y profesor en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Puppo asílo define y explica: explica: “Las calificaciones de crimen de Estado o crimen de lesa humanidad no tienen el mismo status. Cuando se habla de crímenes de Estado no se está haciendo referencia a un delito tal como puede estar definido por un código penal, sino a una cierta actividad estatal genéricamente criminal. En cambio la noción de crimen de lesa humanidad se usa principalmente en sentido técnico-jurídico. Preguntarse por lo tanto si los hechos acaecidos en Ayotzinapa y en Tlatlaya constituyen crímenes de estado o crímenes de lesa humanidad implica formular dos preguntas distintas. En ambos casos, por lo que hasta ahora ha sido averiguado, los presuntos responsables de la desaparición de los normalistas y de las muertes de Tlatlaya son fuerzas de policía o militares lo que permitiría imputar las conductas criminales al Estado y por lo tanto hablar de crímenes de Estado, y esto independientemente de la calificación jurídica de las mismas. En el caso de los normalistas, el mismo procurador federal ha hablado de desapariciones forzadas las cuales constituyen una conducta típica que dada la presencia de ciertos caracteres de sistematicidad, es calificada como crimen de lesa humanidad”. (Marcela Águila Rubín, suissinfo.ch/27/octubre/2014).xxx
Portal editado por JULIO ZENÓN FLORES SALGADO.- Periodista, diplomado en MKT digital
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