Chilpancingo, Gro., a 19 de junio del 2022. El diputado Raymundo García Gutiérrez presentó una iniciativa de reformas a la Ley Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados, para que la aplicación de multas dictadas por el tribunal laboral sea con base en la Unidad de Medida y Actualización y con cargo a las administraciones municipales, no a los representantes legales o síndicos.
La reforma posibilitaría que los ayuntamientos destinen una partida presupuestal de por lo menos 3 por ciento de los ingresos autorizados por el Congreso del estado en el ejercicio fiscal del año anterior inmediato, que sirva para el cumplimiento del pago de indemnizaciones a trabajadores, conforme a la prelación que corresponda.
García Gutiérrez explicó que sus propuestas pretenden definir el procedimiento de ejecución de los laudos laborales para que no sea el síndico procurador de las administraciones municipales en quien recaiga la responsabilidad de la multa por el incumplimiento de los laudos dictados en otras administraciones, sino que sea a cargo del municipio, porque ese funcionario no tiene facultades para ejercer el gasto público. Es por esto, precisó el legislador, que se hace necesario modificar los citados ordenamientos legales, sin que ello signifique afectar el derecho de las trabajadoras y los trabajadores.
García Gutiérrez explicó que los ayuntamientos enfrentan serios problemas económicos por laudos laborales, pues según datos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, del año 2000 hasta agosto del 2018 se han recibido 5 mil 641 demandas laborales de trabajadores despedidos, de 80 de los 81 municipios, lo que representa adeudos estimados por el orden de los 3000 millones de pesos, situación que pone en riesgo la estabilidad de los municipios y que debe ser atendida de manera oportuna; de lo contrario, repercute en la ejecución de obras y servicios y afecta a la población.
Abundó que el problema ha sido de conocimiento del Congreso del estado porque los ayuntamientos municipales le solicitan con frecuencia una ampliación presupuestal o partidas especiales de presupuesto, préstamos o contratación de empréstitos, mismos que se les han negado por razones legales.
Las reformas mencionadas pretenden regular los salarios caídos con base en la Unidad de Medida y Actualización, y que las administraciones municipales cuenten con el financiamiento necesario para cubrir adeudos, sin afectar las finanzas de los ayuntamientos.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo para su respectivo análisis y dictaminación.
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