La toma de protesta este sábado 1 de diciembre en Palacio Nacional, de Andrés Manuel López Obrador, como presidente de la República, abre una etapa y cierra otra en la vida política y económica de México.
Cierra la etapa de la llamada por José Woldemberg "transición votada", misma a la que otros llamamos transición pactada, y abre la transición a un cambio de régimen hoy bañado en incertidumbre, en la incertidumbre propia de los cambios democráticos en la historia y en el Mundo.
La incertidumbre parte de que si bien se sabe que se derrotó en las urnas un viejo modelo económico neoliberal implantado en México en 1982, respecto a lo que viene solo se tienen suposiciones: una primera suposición es que viene un cambio nacionalista, lo que algunos han llamado el viejo PRI, corporativo, con fuerte poder presidencial, aún con control sobre los gobernadores y con mayoría en las dos cámaras del congreso de la unión, que hizo permanecer por siete décadas el llamado milagro mexicano.
Otros, que participaron en la campaña del ahora presidente mexicano coquetean con el modelo cubano o ruso del socialismo de los años 40, que se terminó con la caída del muro de Berlín en 1989.
Hay, además, una parte de los militantes y dirigentes de Morena que apuntan hacia el modelo bolivariano de Venezuela o el modelo austero de Uruguay con José Mujica y con los modelos socialdemócratas de Brasil o Argentina.
La gran incógnita hoy sigue siendo rumbo que seguirá el gobierno de Andrés Manuel, como él pide que le llamen, y todo indica que será una propuesta novedosa, distinta a las mencionadas o quizás tomando elementos exitosos de uno y otro lado.
Por lo pronto el tema que más le preocupa y para el cual ya ha planteado medidas inmediatas son la corrupción, la seguridad pública y el desarrollo económico y social, lo único seguro es que se trata de un cambio de régimen que pone fin a la llamada burocracia dorada, es decir a funcionarios de enormes salarios que se enriquecieron en el gobierno.
Al respecto Alfredo Paredes escribió en la revista Forbes este miércoles que "Todas las transiciones políticas se rigen por el principio de incertidumbre; a todo cambio de régimen pueden preceder los más variados escenarios. La explosión ciudadana del 2 de julio se fundamenta en un consenso originario: el rechazo y hartazgo por la administración saliente.
Sin embargo, también representa la convergencia de expectativas, intereses y expresiones muy diversas. El 1 de diciembre representa el inicio del ejercicio de esa voluntad ciudadana y para el nuevo gobierno llega la hora de cumplir con las demandas y exigencias de la sociedad mexicana que apostó en su favor.
¿Cuáles serán los primeros cambios?
Las medidas que anunció y que el pueblo espera que cumpla se condensan en los 25 proyectos estratégicos de la transición de Andrés Manuel López Obrador y que se dividen en tres grandes rubros:
1.- En la economía y el campo: apoyos a emprendedores y Pymes, créditos a agricultores y ganaderos para herramientas y tecnología, bajar el IVA en la frontera con Estados Unidos, rehabilitar empresas de fertilizantes mexicanos sin transgénicos, dividir el país en cinco zonas productoras para apoyar los cultivos mexicanos y sembrar un millón de árboles frutales y maderables en el sureste
2.- En el bienestar social: Una canasta básica accesible; Pensión a personas con discapacidad en situación de pobreza; duplicar la pensión a adultos mayores; reconstruir zonas dañadas por sismos del 19 de septiembre; desarrollo en zonas marginadas en fronteras y el Valle de México; más universidades públicas en todo el país; rehabilitar hospitales abandonados y en construcción; recuperar el IMSS; becas para jóvenes sin estudio ni empleos; capacitar a jóvenes para acceder a un empleo y
3.- Proyectos de infraestructura: impulsar el desarrollo minero y trato justo a trabajadores, aumentar la extracción de petróleo y gas, modernizar las seis refinerías del país; crear una nueva refinería en Tabasco; cobertura de Internet para todo el país; 300 caminos rurales en Oaxaca y Guerrero; el tren Maya de alta velocidad, el nuevo aeropuerto internacional de México, así como el corredor económico comercial del istmo de Tehuantepec.
Asimismo, López Obrador estableció una lista de 50 puntos de austeridad resumidos como sigue:
1.- Austeridad presidencia: El salario presidencial se reducirá de $210.000 pesos que hoy gana Peña Nieto a $108.000 pesos que ganará Andrés Manuel López Obrador, una reducción del 60%. También se eliminará el Estado Mayor Presidencial, se venderá la flota aérea del gobierno federal y el presidente ya no vivirá en la lujosa residencia de Los Pinos, que se convertirá en un parque público. Y por supuesto, las ostentosas pensiones a ex-presidentes desaparecerán para siempre.
2.- Medidas contra la corrupción: Se terminarán los fideicomisos públicos que sirven para ocultar fondos y también las partidas de diputados y senadores usadas para moches. Tres fiscalías se encargarán de hacer valer estos principios con autonomía y profesionalismo.
3.-Austeridad de altos funcionarios. Respetar el artículo 127 de la Constitución, que prohibe que un funcionario público gane más que el presidente. Se acabarán los bonos, los seguros médicos privados, los vehículos nuevos, los guardaespaldas, los viáticos dedicados a lujos. Y estará prohibido que cualquier funcionario de alto rango conviva en fiestas o viajes con contratistas, concesionarios, proveedores o inversionistas de gobierno, ni con grandes contribuyentes: el compadrazgo del poder político y el poder económico por fin se acabará.
4.- Austeridad en funcionarios: A todos los niveles se prohibirán las remodelaciones de oficina, la compra de muebles de lujo y el gasto en publicidad se reducirá a la mitad. Las compras del gobierno serán consolidadas y pasarán, junto con las concesiones públicas, por un filtro central con observación ciudadana para evitar sobreprecios y favoritismos. Tampoco se podrá recibir regalos de más de $5,000 pesos.
Se respetará la plaza de los trabajadores de base, pero las plazas de trabajadores de confianza se reducirán en 70%. Quienes demuestren empeño y dedicación en su área de trabajo tendrán oportunidad de empleo digno dentro o fuera del gobierno; pero las plazas para favores políticos, aviadores y similares desaparecerán.
Entre las grandes medidas a tomar también resaltan las que las que planteó al congreso como parte de su agenda legislativa para la cuarta transformación:
Ningún funcionario ganará más que el presidente, se creará la secretaría de seguridad pública, no existirán privilegios ni el fuero a funcionarios incluido el presidente, se considerará delito grave, sin derecho a fianza, la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral, la ley de ingresos y presupuesto 2019 serán responsabilidad de la secretaría de Hacienda, se trasladará el estado mayor presidencial a la Sedena, se dará marcha a tras a la privatización del agua, se modificará o revocará la reforma educativa, todos tendremos acceso a una educación pública y gratuita, se implementarán las consultas ciudadanas y la revocación de mandato, se revisará si es necesario aumentar el salario mínimo en la frontera norte del país, se reducirá la alta burocracia eliminando subsecretarías y reagrupando servidores públicos sindicalizados.
Asuntos que han provocado serias controversias son sus planes de nombrar delegados especiales en los estados para sustituir a los más de 2 mil 600 que existen en la actualidad en el país, por solo 32 de ellos, uno por cada entidad y 266 subcoordinadores.
Mención especial requiere su propuesta de paz y reconciliación que incluye ocho medidas, pero lo central es la creación de la Guardia nacional, con la policía federal, la policía naval y la policía militar, además de reclutar miles de jóvenes para llegar a 150 mil elementos en tres años.
A partir de estas medidas, no cabe duda que el presidente López Obrador va por el cambio de fondo y no de forma, pero no se sabe hasta donde pueda avanzar dado que está enfrentando la oposición sobre todo del poder económico, además de los gobernadores de otros partidos, que ven con preocupación el nombramiento de los denominados superdelegados, que consideran anticonstitucional por restarle facultades a los mandatarios electos constitucionalmente.
Personalmente creo que no les resta ninguna facultad legal, aunque sí política pues antes podían acordar hasta los nombramientos de los delegados federales así como la orientación del recurso que manejan en los estados esas delegaciones. Ahora los delegados lo acordarán directamente con el presidente de la República, lo cual le da un poder que se antoja necesario si quiere llevar a cabo los cambios que se ha propuesto y pasar a la historia por la Cuarta transformación y no por ser quedarse con el cambio, como le pasó a Vicente Fox en el año 2000.
Zenon71@hotmail.com
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