Coto de caza

Miguel Ángel Arrieta

Elizabeth es originaria de Copala. Tiene 21 años. Habita en un cuarto que renta en 1500 pesos mensuales en el fraccionamiento Leonardo Rodríguez Alcaine ubicado entre avenida Solidaridad y calle Morteros. Vive sola y todas las mañanas camina las fantasmales calles de esa zona para acudir a la Unidad Académica de Medicina de la UAGro.

El recorrido lo hace cuando aún impera la oscuridad.

Gisela, su compañera de grupo, sigue la misma rutina pero ello baja a la facultad desde la unidad Alta Progreso, un monumental conjunto de edificios habitacionales construidos hace cuarenta años por el Infonavit.

El trayecto que camina no deja de ser menos riesgoso que el de su condiscípula. Desciende por escaleras sobre laberínticos callejones en los que se presume se refugian y habitan delincuentes. Su descenso, también, lo realiza mientras prevalece la penumbra.

Ambas son de municipios de la Costa Chica, por lo que sus padres decidieron rentarles cuartos para estudiante en un área próxima a su centro universitario.

De hecho, en la zona donde se localiza el Fraccionamiento Rodríguez Alcaine y la unidad Alta Progreso, rentar cuartos para estudiantes se ha convertido en el negocio más próspero ante la elevada demanda que representan decenas de universitarios de diversas regiones del estado inscritos en las facultades instaladas en la misma zona: Medicina, Psicología, Enfermería, Administración y Turismo.

Hasta el año pasado, la principal arteria vial del área, avenida Solidaridad, permanecía como un corredor comercial activo, pero el cierre del hospital General y el asedio que el crimen organizado tiende sobre decenas de locatarios, convirtió gradualmente esa vía en un escenario desolador.

A cien metros de la entrada de la unidad académica de Medicina, sobre Solidaridad esquina con Morteros se localiza la barda perimetral del helipuerto y hospital Militar, lo que en un tiempo generó cierta percepción de seguridad. El problema es que los militares no salen de ese espacio aunque vean pasar una brigada del ERPI.

Frente a las instalaciones militares se han realizado ejecuciones y ha sido rafagueado el sitio de taxis ahí localizado, sin que el ejército intervenga.

La semana pasada un automóvil tipo Versa color vino, sin placas de circulación y con vidrios polarizados se estacionaba entre siete y ocho de la mañana al menos durante tres días a escasos cincuenta metros de Medicina.

Ninguna autoridad se presentó a investigar ese hecho. Lo peor es que no solo ante esta situación se detecta el vacío policial; de acuerdo a relatos de los vecinos ninguna unidad de las fuerzas policiales federal, estatal o municipal patrulla el área. Ni siquiera se sabe si se han instalado cámaras de vigilancia y si estas funcionan.

A este escenario se agrega el no menos importante dato de que una de las colonias próximas a la zona de facultades es la Barranca de La Laja, asentamiento que carece de calles y cuyos vecinos caminan por interminables callejones y andadores construidos sobre una cañada para accesar a sus viviendas.

De acuerdo a informes de inteligencia de las corporaciones locales, la Barranca de La Laja está ubicada como uno de los lugares con focos rojos intensos en el municipio, ya que su distribución facilita a los delincuentes un desplazamiento sin problemas.

Frente a esta serie de elementos, lo que inquieta es el mensaje de la alcaldesa Adela Román en el sentido de que ya se activaron los protocolos del Sistema para la Prevención contra la Violencia las Mujeres, particularmente porque hasta ayer la demarcación donde se ubican cuatro escuelas preparatorias, cinco facultades y tres secundarias, destacaba por el vacío de elementos de seguridad.

En el fondo pues se aprecia que el discurso se mantiene alejado de la realidad, y no se observan elementos que eviten que dicha zona se mantenga como un coto de caza para los criminales, en el que tienen permiso total para operar.

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