Por Julio Zenón Flores
Hay un cambio que empieza a llamar la atención en Guerrero: las cifras de seguridad ya no solamente hablan de violencia y homicidios, también comienzan a registrar golpes directos a las estructuras criminales.
En menos de un mes, las autoridades han reportado 37 detenciones de presuntos integrantes de Los Ardillos, Los Rusos y Los Tlacos, tres de los grupos que las propias instituciones de seguridad ubican entre los principales generadores de violencia y extorsión en distintas regiones del estado.
Y a este dato se suma otro que resulta todavía más relevante: El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha señalado una baja considerable en el delito de homicidio doloso en Guerrero.
Si se colocan ambos elementos sobre la misma mesa —menos homicidios y más acciones contra las estructuras criminales—, hay razones para pensar que la coordinación entre las instituciones comienza a producir resultados que pueden medirse.
Eso no significa que Guerrero haya resuelto su problema de seguridad. Sería una conclusión apresurada.
La extorsión sigue presente, hay regiones donde los grupos criminales conservan capacidad de intimidación y todavía existen comunidades en las que la presencia del Estado tiene que ser mucho más fuerte.
Pero algo sí parece estar cambiando: la respuesta institucional empieza a pasar del patrullaje a la inteligencia, la investigación y la intervención directa contra las organizaciones criminales.
Los números recientes son elocuentes.
Veamos eso de cerca:
El 6 de septiembre fueron detenidos 16 presuntos integrantes de Los Ardillos en Juan R. Escudero, con el aseguramiento de armas y más de 36 mil 700 cartuchos.
Al día siguiente, la Fiscalía reportó otras dos detenciones en acciones realizadas en Pablo Galeana, Xaltianguis y Tlayolapa. En esos operativos fueron aseguradas armas largas, cientos de cartuchos, vehículos, una camioneta blindada, drones y hasta 22 artefactos explosivos improvisados.
Eso permite dimensionar algo que a veces se pierde cuando solamente se habla del número de detenidos: las autoridades están encontrando células con capacidad de fuego, movilidad y vigilancia propias de organizaciones que han construido estructuras de control territorial.
En Acapulco, por ejemplo, las acciones se han concentrado también en células identificadas con Los Rusos.
Dos presuntos integrantes fueron detenidos por un homicidio relacionado con Ronald “NotiExpres”. Posteriormente cayó una mujer identificada como “La Muñeca de la Mafia”, señalada en un caso de extorsión, y después Jorge Luis “N”, alias “El Choco”, señalado por las autoridades como presunto jefe de plaza de una célula de ese grupo.
Y aquí aparece un dato que no puede pasar desapercibido. La detención de un presunto objetivo criminal identificado con los alias de “El Amarillo” o “El Govens” fue seguida por una respuesta de intimidación en Acapulco.
Este lunes 7 de septiembre aparecieron lonas con amenazas en el poblado de La Sabana.
Más allá del contenido específico de esos mensajes, el hecho resulta significativo por una razón: cuando una operación policial provoca una reacción de este tipo, queda expuesto que las estructuras criminales no están recibiendo pasivamente los golpes.
Están reaccionando. Y eso también forma parte de la lectura de seguridad. Porque una organización criminal puede perder operadores, armas, vehículos o puntos de vigilancia, pero mientras conserve capacidad para amenazar y sustituir rápidamente a sus integrantes, seguirá teniendo margen de maniobra.
Por eso la pregunta ya no es solamente cuántos detenidos hay. La pregunta es qué capacidad operativa pierde cada organización después de cada golpe y qué respuesta está obligando a generar en las calles.
En Chilpancingo, el frente tiene otra característica: la extorsión. Seis presuntos integrantes de Los Tlacos fueron detenidos en agosto después de una denuncia por la exigencia de 300 mil pesos a una comerciante. Posteriormente fue detenido otro presunto integrante por extorsión agravada y después dos más fueron capturados en flagrancia cuando, según las autoridades, cobraban cuotas a un comerciante.
Esto es importante porque la violencia más visible no siempre es la que más afecta la vida cotidiana. Un homicidio ocurre en un momento y termina convertido en una estadística. La extorsión es diferente. Puede durar meses. Puede obligar a un comerciante a entregar dinero cada semana, a un transportista a pagar una cuota o a una familia a vivir bajo amenaza.
Es, en los hechos, una forma de control. Por eso la ofensiva contra el cobro de cuotas puede tener un impacto tan importante como la persecución de quienes participan directamente en los homicidios.
Y es precisamente aquí donde adquiere relevancia la valoración de Omar García Harfuch sobre la disminución considerable de los homicidios dolosos en ·#Guerrero.
Porque si el homicidio baja y, al mismo tiempo, aumentan las operaciones contra células criminales, la hipótesis que queda abierta es que la presión institucional está comenzando a modificar el comportamiento de quienes generan violencia.
Habrá que esperar más tiempo y más datos para confirmar que se trata de una tendencia sostenida. Pero el indicador existe.Y también existe otro elemento que durante años ha sido uno de los grandes pendientes de Guerrero: la coordinación.
Policías estatales, Fiscalía, Ejército, Marina, Guardia Nacional y corporaciones federales tienen que operar con información compartida y objetivos comunes, ya que los grupos criminales no respetan fronteras municipales.
Una organización puede tener presencia en Acapulco, mover operadores hacia Chilpancingo, abastecerse en otra región y utilizar caminos rurales para evadir a las autoridades. Por eso, en pocas palabras, si el crimen opera como una red, el Estado no puede responder como una suma de oficinas aisladas.
Tiene que actuar como un solo aparato de seguridad y ahí está quizá el dato político más importante para Evelyn Salgado Pineda, que entra al cierre de su quinto año de gobierno con la seguridad como uno de los principales indicadores con los que será evaluada su administración.
Guerrero tiene ahora dos datos que vale la pena seguir de cerca: una baja considerable en los homicidios dolosos, de acuerdo con Harfuch, y 37 detenciones reportadas contra tres organizaciones criminales en menos de un mes.
Si esa tendencia se sostiene, entonces la coordinación entre Guerrero y la Federación habrá dejado de ser un discurso para convertirse en resultados.
Y será justamente la capacidad de mantener esa presión, sin retroceder ante las reacciones criminales, la que termine diciendo si estamos ante una coyuntura o ante un verdadero cambio en la seguridad de Guerrero.
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