El gobierno estatal desplegó bases de seguridad y activó atención interinstitucional luego de agresiones armadas en la región de la Montaña baja, una zona marcada por conflictos comunitarios y antecedentes de violencia.
Chilpancingo, Gro., 10 de mayo de 2026.— Luego de los recientes hechos de violencia armada reportados en la comunidad de Tula, municipio de Chilapa de Álvarez, el Gobierno de Guerrero reforzó desde el pasado 7 de mayo su presencia institucional en la región y activó un protocolo especial para atender a familias desplazadas hacia Alcozacán, informó el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros.
La intervención ocurre en una de las zonas más sensibles de la Montaña baja, donde persisten conflictos comunitarios, disputas territoriales y episodios recurrentes de inseguridad que en distintos momentos han provocado desplazamientos forzados y tensión entre localidades indígenas.
Rodríguez Cisneros explicó que, tras reportes de agresiones armadas recibidos a través del número de emergencias 9-1-1, el estado desplegó personal de seguridad mediante tres Bases de Operaciones Institucionales instaladas en Colotepec, Chimaltepec y San Jerónimo Palantla, comunidades estratégicamente ubicadas en las inmediaciones de Tula y Alcozacán.
El funcionario señaló que el objetivo central es mantener presencia permanente, garantizar seguridad a las familias y abrir rutas de diálogo para contener una escalada mayor del conflicto.
“El Gobierno del estado ha insistido en privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos para atender esta situación y restablecer la tranquilidad en la región”, expresó.
De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de 90 personas, pertenecientes a entre 60 y 70 familias, se encuentran actualmente desplazadas en Alcozacán, donde ya reciben atención mediante un protocolo interinstitucional coordinado por distintas dependencias estatales.
Además de la estrategia de seguridad, la Secretaría General de Gobierno mantiene comunicación con comisarios y autoridades comunitarias, mientras se convocó a la alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, para integrarse a las mesas de atención y búsqueda de acuerdos.
Las Bases de Operaciones Institucionales están conformadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal, corporaciones que realizan patrullajes, vigilancia y acompañamiento en una región donde la estabilidad sigue siendo frágil.
La situación en Tula vuelve a colocar a Chilapa como foco de atención estatal, en un contexto donde la gobernabilidad en comunidades rurales depende no sólo de la fuerza institucional, sino de la capacidad de reconstruir acuerdos sociales en territorios históricamente golpeados por la violencia.
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