El Congreso del Estado de Guerrero declaró improcedente la solicitud de juicio político presentada contra la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, al determinar que no existen elementos jurídicos suficientes para acreditar responsabilidad de carácter político.
La resolución fue aprobada por el pleno con 35 votos a favor y una abstención, con base en el dictamen emitido por la Comisión de Examen Previo, la cual concluyó que los hechos señalados en la denuncia no encuadran en las causales legales para iniciar un procedimiento de juicio político.
La denuncia fue promovida por un grupo de ex trabajadores del Ayuntamiento de Acapulco, quienes reclaman el pago de alrededor de 177 millones de pesos derivados de laudos laborales. Sin embargo, el análisis legislativo estableció que estos conflictos se originaron en administraciones municipales anteriores y que han permanecido en litigio durante varios años.
El Congreso precisó que se trata de controversias de carácter estrictamente laboral, cuya resolución corresponde a los tribunales competentes y no al Poder Legislativo, al tratarse de conflictos individuales entre ex empleados y el Ayuntamiento.
El expediente, identificado con el número HCEG/LXIV/CEP/010/2025, fue radicado desde el año pasado y revisado por las instancias legislativas correspondientes, para posteriormente ser retomado en el actual periodo, donde finalmente se ratificó su improcedencia.
En los antecedentes del caso también se señala que el ex diputado Ramiro Solorio Almazán ha impulsado otros recursos y señalamientos contra la alcaldesa, entre ellos una solicitud de revocación de mandato, además de observaciones administrativas y laborales que no han prosperado en el Congreso local.
Pese a la resolución legislativa, los ex trabajadores mantienen a salvo su derecho de reclamar el cumplimiento de las resoluciones laborales mediante los procedimientos legales correspondientes ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, así como ante instancias federales.
El Poder Legislativo reiteró que los conflictos laborales deben resolverse en las instancias jurisdiccionales competentes y no mediante mecanismos de carácter político.
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