Por Julio Zenon Flores
El ataque armado registrado la noche del 19 de abril, frente a la Coordinación de la Zona Sur de la UAGro en Acapulco, dejó un saldo que se agravó con el paso de las horas: tres personas heridas —dos mujeres y un trabajador universitario— y, posteriormente, la muerte de una de las mujeres que había sido trasladada para recibir atención médica. El caso ya no es sólo un hecho violento con lesionados; es un homicidio consumado.
La reacción de la Universidad Autónoma de Guerrero se formalizó a través de un posicionamiento dirigido a autoridades de los tres niveles de gobierno y a la opinión pública. En el documento, la institución condena la agresión, expresa solidaridad con las víctimas y señala que, por instrucción del rector Javier Saldaña Almazán, se brindó atención médica y asesoría legal desde el primer momento.
El comunicado mantiene una exigencia puntual: una investigación “inmediata, transparente, exhaustiva y efectiva” que permita esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Esa demanda se sostiene ahora en un contexto más grave, al confirmarse la muerte de una de las víctimas.
Además, la UAGro plantea que el ataque impacta directamente a su comunidad y advierte que este tipo de hechos buscan “empañar la imagen” institucional y frenar su desarrollo académico. Bajo esa premisa, la universidad no sólo se asume como el lugar donde ocurrió la agresión, sino como un actor afectado en su estabilidad.
El posicionamiento también incorpora la advertencia sobre un posible “uso político” del hecho. Sin precisar responsables, la institución introduce un elemento que desplaza la lectura exclusivamente del ámbito delictivo hacia el terreno público y político.
En paralelo, se hace un llamado a la unidad de la comunidad universitaria, integrada por más de 90 mil personas, como una respuesta interna frente al contexto de violencia.
Hasta el momento, no hay información oficial sobre detenciones ni sobre el móvil del ataque. Con la confirmación del fallecimiento, el caso adquiere otra dimensión y eleva el nivel de exigencia hacia las autoridades encargadas de la investigación.
La postura institucional está definida. El curso del caso dependerá de los resultados.
Y la pregunta surge de manera natural: el atacante ¿fue "solo" a defender su territorio, donde han ocurrido un número importante de eventos que tienen que ver con presencia de delincuencia en la zona, o fue enviado a generar una reacción adversa al rector, que cómo se sabe aparece bien posicionado en las encuestas recientes rumbo a la definición de Morena del Coordinador de la defensa de la 4T en Guerrero, preámbulo de la candidatura a la gubernatura estatal?
En ambos casos es muy preocupante y nos recuerda una realidad que nos golpea en la cara: la incapacidad gubernamental para frenar la violencia, pese a las grandes inversiones y operativos que se anuncian para contenerlo y, el grado de descomposición política, de los actores que para conseguir los cargos que buscan, están dispuestos a recurrir a todo.
En ese sentido, la investigación de los hechos se vuelve más urgente y la transparencia de las motivaciones tambièn.
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