Por Julio Zenón Flores
El 8 de marzo, como cada año, se volvieron a sacudir el centro de las ciudades, tanto de Chilpancingo, como de Acapulco y de varias regiones del estado, donde colectivas feministas marcharon, protestaron, pintaron consignas y gritaron nombres de mujeres que ya no están, al mismo tiempo que expusieron denuncias claras de los puntos vacíos en donde las autoridades no han dado respuestas, históricamente.
La escena la hemos visto cada año, reflejando rabia, memoria y denuncia haciendo que se visibilicen las demandas y que la sociedad voltee en busca de respuestas, sobre todo ahora que se presentan frente a un gobierno que se declara diferente a los anteriores.
Las movilizaciones y las consignas, reflejando el justo reclamo, nos debe llevar a la búsqueda de respuestas y, al menos en Guerrero, nos topamos con ellas y reflejan a una gobernadora de cuerpo entero, más allá de cualquier narrativa conceptual.
Es un hecho que la mandataria Evelyn Salgado Pineda no convocó ni encabezó marchas, ni intentó apropiarse de la protesta. Tampoco apareció caminando detrás de las pancartas ni tratando de tomarse la foto y eso ha sido en realidad una constante en su gobierno. Poco discurso, muchas cifras y eso es lo que vale hoy reconocer.
La creación de 34 Unidades de Género en dependencias estatales, la instalación de casi todos los Sistemas Municipales de Igualdad, la implementación de protocolos contra el acoso sexual en la administración pública y campañas institucionales que produjeron cientos de materiales informativos sobre derechos de las mujeres.
También están los programas.
La Tarjeta Violeta, por ejemplo, que según los recuentos pasó de tres mil a más de veinte mil beneficiarias, con una inversión que supera los 170 millones de pesos para mujeres jefas de familia.
O el sistema de búsqueda Alerta Violeta, que reporta más de 900 boletines emitidos y más de 850 localizaciones, con una efectividad cercana al 93 por ciento desde su creación.
En paralelo aparecen reformas legales importantes:
la Ley Ingrid, la Ley Camila, la despenalización del aborto, la prohibición de las terapias de conversión y la reforma que garantiza la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas.
Claro que para muchas activistas, las estadísticas no alcanzan a reflejar la dimensión de la violencia que viven las mujeres en Guerrero: desapariciones, feminicidios, impunidad, violencia doméstica y prácticas comunitarias que durante décadas se normalizaron.
Pero el nuevo gobierno, por su parte, tiene la obligación de mostrar la transformación en instituciones creadas, programas financiados y reformas aprobadas. Esa es al parecer la postura de la actual gobernadora, no competir con el movimiento feminista en la calle, sino responder desde la estructura del gobierno.
De tal manera, que mientras se mostró un absoluto respeto a las marchas que exigen cambios inmediatos, el gobierno intenta demostrar que el cambio se está construyendo dentro de la maquinaria del Estado.
A nosotros como analistas, nos queda la pregunta de si esos números —centros de atención, programas sociales, protocolos, reformas— terminarán traduciéndose en algo más profundo que un listado de acciones, que satisfagan a las feministas que se expresan en las calles y en las paredes de la ciudad y, sobre todo, si la dinámica de acciones, en vez de discursos, impuesta ya por Evelyn, seguirá su curso, tras el cercano cambio de gobierno en el 2027.
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