El Gobierno del Estado de Guerrero informó la separación temporal de un colaborador adscrito a la Dirección de Comunicación Social, luego de que un empresario musical hiciera públicas denuncias por presuntas amenazas, hostigamiento y un conflicto de carácter privado, mismas que ya fueron presentadas ante el Ministerio Público.
El empresario Jhon Molina denunció a través de redes sociales que sostuvo una relación comercial previa con el colaborador Uriel Sánchez, la cual según su testimonio, derivó en un presunto abuso de confianza, robo de equipo musical y un posible desfalco económico, al señalar que recursos depositados en cuentas personales no habrían sido entregados conforme a lo acordado.
De acuerdo con Molina, tras acudir al Ministerio Público de Costa Azul, en Acapulco, habría sido víctima de agresiones físicas, maltrato psicológico y amenazas, presuntamente por parte de elementos de la Policía Investigadora Ministerial.
Asimismo, aseguró que el señalado utilizó su vínculo laboral con la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado para intimidarlo, desacreditarlo y evadir responsabilidades legales, al negarse a formalizar contratos.
En videos difundidos en plataformas digitales, el empresario exhibió documentos de la denuncia interpuesta ante la autoridad correspondiente, así como una carta dirigida a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de la cual afirmó no haber recibido respuesta.
También reiteró que el presunto responsable habría recurrido a supuestas influencias y llamadas telefónicas para presionarlo.
Ante estos señalamientos, el director general de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Guerrero, René Posselt, emitió un posicionamiento en el que aclaró que se trata de un conflicto entre particulares, de carácter estrictamente personal, ajeno a las funciones institucionales del Gobierno del Estado.
El funcionario estatal subrayó que, con el fin de evitar que el asunto se mezcle con las labores oficiales, se determinó la separación temporal de Uriel Sánchez de sus funciones, medida que aclaró, no implica una resolución anticipada ni un juicio sobre la responsabilidad de las partes, ya que el caso deberá resolverse conforme a derecho por las instancias correspondientes.
Posselt enfatizó que ni la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ni la Dirección de Comunicación Social avalan el uso del nombre del Gobierno del Estado o de sus funcionarios para influir, presionar o afectar a cualquier persona, y reiteró su confianza en que las autoridades competentes esclarecerán los hechos con apego al debido proceso.
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