Por Julio Zenón Flores
El año 2025 fue, para la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, un periodo de trabajo marcado por la urgencia social, la presión política y la necesidad de responder —aunque no siempre con la velocidad deseada— a una realidad estatal compleja. En un contexto de violencia persistente, desigualdad estructural y desconfianza ciudadana hacia las instituciones, el Congreso optó por una agenda centrada en derechos, justicia y gobernabilidad.
Uno de los avances más relevantes del año se dio en el terreno de la protección de niñas, niños y adolescentes, con reformas al Código Penal que volvieron imprescriptibles los delitos sexuales contra menores, ampliaron la tipificación del abuso sexual —incluyendo conductas cometidas a través de medios digitales— y establecieron la persecución de oficio de estos delitos. Más allá del consenso legislativo que acompañó estas modificaciones, el mensaje político fue claro: hay delitos cuyo daño no caduca y cuya gravedad obliga al Estado a actuar sin excusas procesales.
En paralelo, la agenda de igualdad de género se mantuvo como uno de los ejes constantes del trabajo legislativo. Desde la Comisión para la Igualdad de Género se impulsaron iniciativas orientadas a fortalecer el marco legal contra la violencia hacia las mujeres y a incorporar la perspectiva de género en la acción pública. Sin embargo, el reto no fue menor: legislar en esta materia implica enfrentarse a inercias culturales, resistencias políticas y a una brecha persistente entre la norma y su aplicación.
La seguridad pública y la procuración de justicia atravesaron buena parte de los debates de 2025. Las reformas penales y los ajustes normativos buscaron actualizar un marco legal que, durante años, se mostró insuficiente frente a delitos de alto impacto. No obstante, el Congreso caminó sobre una línea delicada: endurecer la ley sin caer en el simbolismo punitivo y fortalecer instituciones que, en los hechos, siguen arrastrando problemas de capacidad, coordinación y credibilidad.
En el ámbito social y económico, la Legislatura abordó temas relacionados con el desarrollo regional, la atención a sectores vulnerables y la reconstrucción de zonas afectadas por fenómenos naturales. Aquí, más que grandes reformas, predominó una lógica de acompañamiento institucional, exhortos y adecuaciones legales para responder a emergencias y a la reconfiguración económica del estado.
Finalmente, el fortalecimiento institucional cerró el círculo de la agenda legislativa. Transparencia, rendición de cuentas y armonización de leyes estatales con reformas federales fueron parte de un esfuerzo por actualizar reglas del juego que ya no respondían a las exigencias actuales de gobernabilidad.
El balance de la LXIV Legislatura en 2025 deja una conclusión inevitable: se legisló en temas sensibles y necesarios, pero el verdadero juicio no estará en el Diario Oficial, sino en la capacidad del Estado para convertir las reformas en realidades palpables. En Guerrero, la distancia entre la ley y la vida cotidiana sigue siendo el principal desafío. Y ningún Congreso, por productivo que sea, puede darse el lujo de ignorarlo.
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