Por Julio Zenón Flores
La rehabilitación del viejo mercado de artesanías de La Diana —rebautizado ahora como Tianguis Turístico La Diana— debía ser una buena noticia. Y lo fue… hasta que algunos locatarios, revisaron la documentación oficial del proyecto y encontraron un detalle que, como dicen los abuelos, “huele raro”.
El proyecto, financiado con recursos de Coca-Cola, Televisa, Banamex, Rotary y otras fundaciones, alcanzó un monto cercano a los 20 millones de pesos. Una inversión importante para recomponer un espacio emblemático del turismo en Acapulco, golpeado por el tiempo y por Otis. Pero la sorpresa llegó cuando en el expediente de obra apareció la licencia de construcción folio 3001, otorgada en octubre de 2024 a nombre de Marcos Alejandro Barrera Basurto, un contratista con historial de participar en licitaciones en Veracruz, pero sin evidencia de obra. Hasta ahí, podría ser un dato técnico más. El problema es otro: en el documento, Barrera Basurto aparece como “propietario” del predio.
Sí: propietario.
Estamos hablando de un terreno de 6 mil 404 metros cuadrados, delimitado por las calles Rubén Figueroa (Farallón), Bellavista (Costera Vieja) y la Costera Miguel Alemán, correspondiente a los lotes 1 al 8 del fraccionamiento Farallón. Un predio que no solo es público y simbólico: fue entregado a los comerciantes por el gobernador José Francisco Ruiz Massieu, quienes pagaron cada quien por el espacio que ocupan hasta el día de hoy. Y en ese padrón, ni en el histórico ni en el actualizado, no existe ningún propietario llamado Marcos Alejandro Barrera Basurto.
Ahí empezó la preocupación.
Y la frase inevitable: “la burra no era arisca…”.
Los locatarios se preguntan —y con razón— si esta licencia solo se emitió como un requisito administrativo para permitir la obra, y si deberá ser cancelada en cuanto concluya la rehabilitación, o si quedará flotando como un arma de doble filo que, en manos equivocadas, pueda utilizarse para reclamar la propiedad del lugar.
Porque el problema no es menor: ¿por qué otorgar la licencia como “propietario” a alguien completamente ajeno al mercado? ¿Por qué no hacerlo a nombre del comité de rehabilitación o de alguno de los auténticos posesionarios? En Acapulco —territorio ya célebre por aquello de que “todo se puede”—, estos movimientos administrativos despiertan alarmas naturales.
Para muestra, un botón.
Hace casi 20 años, un director de la CAPAMA firmó una constancia de ingresos falsa, inflando el salario de una empleada “para que tramitara una visa”. Pasaron los años, la empleada demandó al organismo usando esa misma constancia… y hoy CAPAMA debe más de 40 millones de pesos en salarios caídos. Un pequeño papel, una firma ingenua… y dos décadas después, un desastre financiero.
Por eso, en temas de propiedad —y más cuando se trata de espacios expropiados por el gobierno a un poderoso consorcio para entregarlos a los comerciantes—, cualquier grieta en la documentación puede convertirse en una puerta abierta a la improvisación o al abuso. Y en este caso, el riesgo es que un “propietario” inexistente intente reclamar mañana lo que nunca fue suyo.
La rehabilitación del Tianguis La Diana debía ser un acto de reconstrucción, no una fuente de incertidumbre.
Toca ahora aclarar cuentas, corregir la licencia y evitar que un trámite administrativo mal planteado se convierta en una amenaza para cientos de familias que han protegido su patrimonio durante décadas.
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