El Congreso del Estado de Guerrero aprobó un exhorto presentado por el diputado local Marco Tulio Sánchez Alarcón, mediante el cual se solicita a la directora general del Acabús, Sara Sebastián Pérez, presentar un informe técnico-financiero integral que justifique el aumento de dos pesos en la tarifa del sistema de transporte público de Acapulco.
La propuesta, avalada por el Pleno, subraya la importancia de transparentar el uso de los recursos públicos y garantizar que las decisiones en materia de movilidad urbana se tomen con responsabilidad social.
El acuerdo establece que la titular del Acabús deberá entregar el informe en un plazo no mayor a cinco días hábiles, incluyendo información detallada sobre costos operativos y de mantenimiento, la metodología para el cálculo tarifario, el historial de servicio y demanda, así como el esquema de subsidios y destino de los recursos públicos.
Asimismo, el Congreso acordó citar a comparecer a la funcionaria ante la Comisión de Transporte en un plazo máximo de diez días hábiles, y solicitó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) realizar una revisión financiera y de desempeño al organismo, enfocada en contratos, estructura de costos, recaudación y cumplimiento de metas.
Al fundamentar su propuesta, el diputado Sánchez Alarcón advirtió que el incremento no debe representar una carga adicional para las familias acapulqueñas.
"No podemos permitir que se siga deteriorando un servicio que nació para modernizar la movilidad de Acapulco y que hoy enfrenta una profunda crisis. Este aumento debe ser una oportunidad para rescatar y dignificar el sistema", expresó.
El legislador sostuvo que su iniciativa busca fortalecer la rendición de cuentas, la eficiencia y la transparencia, principios que deben regir un gobierno responsable y cercano a la ciudadanía.
"La movilidad urbana no es solo un tema técnico, sino de justicia social. El Acabús debe servir al pueblo, no ser una carga para él", concluyó.
Con este exhorto, Marco Tulio Sánchez Alarcón reafirmó su compromiso con la supervisión de los recursos públicos y el derecho de los usuarios a un transporte digno, eficiente y transparente.
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