El silencio que protege a los agresores
Por Julio Zenón Flores
En Guerrero, la violencia sexual contra menores se ha convertido en un problema estructural que sigue encontrando refugio en la impunidad. Cada nuevo caso, como el de Andrés “N”, detenido recientemente en Chilpancingo por violación equiparada en agravio de una menor, revela no solo la brutalidad del delito, sino las grietas del sistema que permite que los abusadores actúen durante años antes de ser llevados ante un juez.
La Fiscalía General del Estado informó que el imputado habría cometido agresiones reiteradas contra una menor en 2023, bajo amenazas de daño contra ella y su madre. El caso no solo es un expediente más en los archivos ministeriales: representa el drama cotidiano de muchas niñas y adolescentes en Guerrero, donde el abuso sexual infantil se multiplica en silencio, especialmente en los entornos familiares o cercanos.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero ha registrado más de 300 denuncias por violación y abuso sexual en lo que va del año, aunque activistas locales aseguran que la cifra real podría ser tres o cuatro veces mayor, debido al miedo, la dependencia económica y la desconfianza hacia las autoridades.
El delito de violación equiparada —que aplica cuando la víctima es menor de edad o no puede resistirse— es una de las formas más crueles de agresión. Sin embargo, pocas veces alcanza sentencia condenatoria. Los procesos se dilatan, las víctimas se enfrentan a la revictimización institucional y, en muchos casos, los agresores logran acuerdos extrajudiciales que perpetúan la impunidad.
Organizaciones como el Centro de Derechos de las Mujeres de Guerrero (CDMG) y colectivos feministas han denunciado que el acceso a la justicia depende, en gran medida, de la presión mediática y del acompañamiento civil. En zonas rurales o marginadas, donde los ministerios públicos carecen de personal y recursos, los delitos sexuales contra menores rara vez se investigan con rigor.
En ese contexto, la detención de Andrés “N” no debe verse como un logro aislado, sino como un llamado de atención. La coordinación entre la Fiscalía, la Defensa Nacional y la Guardia Nacional muestra que es posible actuar con eficacia, pero también deja claro que la mayoría de los casos no recibe la misma prioridad.
Mientras tanto, en los hogares, escuelas y comunidades de Guerrero, miles de niñas siguen esperando justicia. Y el silencio —ese cómplice que protege a los agresores— sigue siendo el enemigo más fuerte.
Julio Zenón Flores es periodista y analista político. Director de Trasfondo Informativo.
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