Por Julio Zenón Flores
A propósito de la detención en Acapulco de una célula de un cartel de la CDMX y el Edomex, que festejaba en un club de playa local, aunque debe reconocerse como un triunfo de Omar García Harfuch y su equipo tanto federal como local, obliga a hacer un análisis profundo, pues la gente en la calle no se conforma con operaciones espectaculares, quiere que eso se refleje en menos sangre en sus calles.
La cosa está así:
En Guerrero, la violencia no descansa. Y Acapulco, el principal escaparate turístico del estado, ha vuelto a teñirse de rojo en semanas recientes. No es una casualidad. Cada vez que se detiene a un líder criminal o se realiza un operativo de alto impacto, la violencia recrudece en los días siguientes. Las cifras lo muestran, pero más aún, lo confirman los hechos: enfrentamientos, cuerpos abandonados en la vía pública, ataques armados en zonas pobladas y, en algunos casos, incluso atentados con granadas.
La explicación es clara, aunque incómoda: el gobierno detiene, pero no controla. Cada captura de un "objetivo prioritario" parece desencadenar una guerra por el vacío que deja. Las células rivales se activan, los viejos pactos se disuelven y la violencia se convierte en la única forma de reorganización del poder criminal. La estrategia de seguridad del gobierno federal está mostrando sus límites: se ejecutan operativos, se presume la presencia militar, se inauguran instalaciones de la Guardia Nacional, pero no se planea lo que viene después.
El resultado es previsible: se desmantelan estructuras criminales sin ofrecer un modelo de estabilidad territorial. La población, especialmente en los cinturones urbanos más pobres, queda atrapada entre el fuego cruzado y el abandono institucional. ¿De qué sirve capturar a un jefe delincuencial si al día siguiente hay diez muertos en las calles?
El gobierno federal parece actuar bajo una lógica de reacción, no de previsión. No hay blindaje institucional posterior a las detenciones. No existe una política clara de estabilización de territorios conflictivos. La narrativa oficial se agota en los boletines y las redes sociales. Mientras tanto, la percepción de ingobernabilidad crece.
Es momento de redirigir la estrategia. El gobierno de Claudia Sheinbaun necesita pasar de los operativos espectaculares a una política integral de seguridad. Esto implica, por lo menos, tres acciones urgentes:
Primero, establecer una fase de estabilización posterior a cada detención de alto perfil: durante al menos 90 días, el territorio afectado debe contar con presencia permanente de fuerzas mixtas, inteligencia focalizada y acciones sociales inmediatas.
Segundo, recomponer las policías municipales. Muchos cuerpos de seguridad en Guerrero están desarticulados o infiltrados. Sin policías confiables, no hay forma de sostener el orden local. Acapulco, Chilpancingo e Iguala no pueden seguir sin estructuras mínimamente funcionales.
Tercero, reconstruir una narrativa pública de control y legitimidad. Hoy, el discurso institucional es débil, a veces ausente.
El crimen organizado se adapta rápido. El Estado, no tanto. Mientras se mantenga esta lógica de reacción sin estrategia, Guerrero seguirá atrapado en un ciclo de violencia reciclada. La Presidenta tiene una elección: seguir apostando al corto plazo o construir, por fin, un modelo de seguridad que piense más allá de la próxima captura.
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