Según un comunicado del Comisariado Ejidal, el gerente general Andrés Souza de Amorín y el vicepresidente Armando Fausto Ortega utilizaron altavoces para promover supuestos beneficios del proyecto aurífero en la zona, atribuyendo la oposición a un pequeño grupo que, según ellos, obstaculiza el desarrollo.
Los ejidatarios calificaron este acto como provocador, señalando que la empresa mencionó nombres específicos de líderes opositores.
La comunidad acusó a la empresa de buscar una confrontación física para justificar denuncias penales, aunque solo asistieron entre 10 a 15 personas a la convocatoria.
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