JULIO ZENON FLORES SALGADO/ TRASFONDO INFORMATIVO
El colapso del Acabús es el epílogo de una historia que comenzó con grandes promesas y ha terminado en un servicio deficiente, casi testimonial, que afecta a miles de ciudadanos en Acapulco. Esta semana, el sistema de transporte volvió a demostrar su precariedad al suspender operaciones dos días por un paro del personal de vigilancia, que reclama pagos atrasados por cinco millones de pesos. Sin embargo, esta crisis no es más que un síntoma de un problema mayor: la concesión ha fracasado, y el gobierno del estado debe decidir si sigue tolerando el deterioro o toma medidas drásticas para corregir el rumbo.
El modelo de Acabús, diseñado bajo la lógica de un sistema de transporte moderno y eficiente, ha degenerado en un servicio en ruinas. Cada vez hay menos unidades circulando, los tiempos de espera se han vuelto insoportables y los usuarios han tenido que resignarse a viajar en condiciones deplorables. Unidades sin aire acondicionado en una ciudad con temperaturas extremas, rutas alimentadoras canceladas y estaciones que más que paraderos parecen testigos del abandono gubernamental. La imagen de un sistema ordenado y funcional se ha diluido en la desidia.
El problema de fondo radica en la inacción y la falta de voluntad política para intervenir con firmeza. Si un concesionario no cumple con los términos de su contrato, la lógica dicta que el gobierno estatal debe tomar cartas en el asunto. No basta con exhortaciones o reuniones de emergencia para solucionar problemas puntuales. Lo que se necesita es una auditoría integral que revele el estado financiero y operativo del Acabús, una revisión contractual para determinar si existen causales para revocar la concesión y, sobre todo, un plan de rescate que garantice la viabilidad del transporte público en Acapulco.
La concesión, en su estado actual, se ha convertido en una carga para los ciudadanos. Si el operador no puede garantizar la calidad del servicio, el gobierno debe considerar seriamente otras alternativas, desde la reconfiguración del modelo de operación hasta la intervención directa del Estado para recuperar el control del sistema. No hacerlo sería perpetuar la crisis y condenar a miles de personas a un transporte que no solo es ineficiente, sino indigno.
En el fondo, la pregunta es: ¿para quién gobierna el Estado, para los ricos concesionarios o para el pueblo que sufre el mal servicio? Si la prioridad son los ciudadanos, la respuesta debería ser clara: el Acabús no puede seguir funcionando en estas condiciones. Es hora de tomar decisiones, con la responsabilidad y el sentido de urgencia que el problema amerita. Cualquier otra opción es simplemente condenar a Acapulco a un servicio fallido y a sus habitantes al abandono.
2 Comentarios
En mi opinión este pésimo servicio del acabús debe ser cambiado por otro que si funcione para beneficio de nosotros los usuarios, el gobierno debe brindar una mejor opción de transporte para el pueblo.
ResponderEliminarPregúntenle a Astudillo y Alejandro Bravo porque se aprovecharon de ese transporte y lo vendieron como chatarra, y nadie los investigó.
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