Por Julio Zenón Flores
Ayer, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández,
pidió en la rueda de prensa que da cada lunes, que la Fiscalía General de la
República, dé a conocer los resultados de las indagaciones que haya hecho sobre
ella.
La petición denota la seguridad que siente respecto de los
resultados de esas indagatorias y que seguramente no afectarían su carrera
política, puesto que, como dijo el presidente estatal del partido Morena en
entrevista concedida el pasado viernes minutos después del arranque de campaña
de la fórmula al senado por ese instituto político: mientras no haya una
resolución judicial en su contra, tiene todos sus derechos político electorales
vigentes.
Ante las recientes publicaciones periodísticas, que intentan
vincularla con grupos de la entidad, ella no dudó en afirmar que respeta el
derecho a la libertad de expresión y señalar que “por eso opté por no entrar en
controversias y dejar que sean las autoridades competentes las que aclaren los
hechos”, demostrando con eso el aplomo que le da el saberse inocente y al mismo
tiempo, saber que está bien posicionada en las encuestas que miden a los
aspirantes a coordinar los trabajos de la 4T en Chilpancingo.
Y es que como ella misma indicó, los mexicanos de bien
merecen tener confianza en las autoridades y, “deben estar seguros que solo
trabajamos para sus intereses. Estoy convencida de que, la labor de la Fiscalía
General de la República, será la vía para eliminar cualquier conjetura y yo,
seguir enfocada en mi gestión de gobierno”. Más claro no se puede decir. Ya
investigaron, digan qué es lo que encontraron.
Claro que la duda, como en las relaciones amorosas, hace más
daño que la verdad pura y dura, lo cual explica que la edil enfatice en su
solicitud a la FGR: “Quiero pedirle que, una vez hechas las investigaciones y
de no haber obstáculo legal, se divulguen las conclusiones sobre el caso, para
que no se use para cuestionar los principios y valores, de un gobierno que
busca lo mejor para Chilpancingo”.
¿Para qué dejar que las especulaciones se mantengan y sirvan
a los adversarios de la 4T y hasta a los propios delincuentes que buscan
imponer la agenda mediática y vengarse de quienes no responden a sus intereses,
poniendo en duda su honorabilidad?
La FGR tiene hoy una obligación moral y legal, de no retrasar
la información al respecto, ya que de otro modo puede afectar los intereses
políticos de la alcaldesa.
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