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| Un soldado vigila la zona poniente de Acapulco, tras un asesinato más en 2023. Foto Raúl Séndic García Estrada |
Por Julio Zenón Flores Salgado
Señalar los datos duros de la violencia en Acapulco, ya resulta
insuficiente, para generar algún cambio en positivo para sus habitantes, como
lo es también estar tratando de abrir los oídos a las autoridades picándoles
las costillas de negociantes que la mayoría tienen, al hablarles de la afectación
que esas noticias podrían causar al mercado turístico, principal fuente de
ingresos no sólo de la gente común, sino también del gobierno, en lo que se
refiere a sus recursos propios.
Baste recordar simplemente que hace apenas tres meses la
consultora Statista ubicó a Acapulco como la segunda ciudad más violenta del
mundo, que Canadá hace una semana emitió una alerta a sus ciudadanos para que evitaran
visitar el puerto y que…ni siquiera los propios jefes policiacos están seguros;
el pasado 11 de enero el jefe operativo de la policía auxiliar Samuel Buenfil
fue asesinado a unos cuantos metros de las instalaciones policiacas, al filo
del medio día, pese a la presencia permanente en la zona de militares, marinos,
guardias nacionales y decenas de policías, que incluso se ven correr en un
video que circuló en las redes sociales.
Las autoridades parecen de hielo. No se han conmovido ni con
la muerte de su jefe policiaco, ni con los hallazgos, la semana pasada de
sendas bolsas con restos humanos en la zona Diamante, en el San Martín el
Jobero, es decir la zona rural y en Pie de Cuesta, es decir la salida hacia
Costa Grande.
Fueron 35 cadáveres de personas que encontraron la vida de
manera cruenta, además de incendios de carros del transporte público, extorsiones
y balaceados en las primeras dos semanas de enero del 2023.
Lo peor de todo es que eso ocurre a pesar de la presencia en
el puerto de más de 4 mil uniformados, entre las distintas corporaciones
federales, estatales y municipales y como burlándose de los shows peliculezcos
de marineros que simularon un desembarco operativo en alguna playa del
municipio.
¿Qué esperarán las autoridades para actuar?
Hemos dicho que los gobiernos anteriores se enamoraron del
modelo colombiano de hacer frente a la inseguridad, un modelo, por cierto
puesto en marcha en aquel país después de que les asesinaran a un político del
más alto rango; sin embargo, ese modelo al que se le han invertido muchos
millones de pesos, incluyendo pintura para pintar de colores floridos las
fachadas de las unidades habitacionales consideradas de alto riesgo, ha
fracasado.
Hoy se puede decir, de igual manera, que ha fracasado la
idea de dejar el mando de la seguridad pública de Acapulco a Marinos. Con el
penúltimo que estuvo al frente, no solo se desaparecieron a dos infantes de
marina enviados indebidamente fuera de la ciudad a escoltar a un senador de
Morena, sino que además se desarmó al jefe operativo asesinado hace una semana
cuando llegaba a su trabajo.
La experiencia señala que lo que funcionó, de manera
limitada, porque ocurrió por iniciativa de los propios uniformados que se
declararon en paro durante 23 días, y no como una medida coordinada con la
federación, fue el acuartelamiento de toda la policía municipal, llevada a cabo
durante la administración del entonces presidente municipal Luis Walton Aburto,
en 2014.
Los registros de la prensa roja revelan que en ese mes el
índice de criminalidad fue mucho más bajo que en otros en los que estuvieron en
activo.
En ese sentido, valdría la pena analizar el desarme y
acuartelamiento de los cerca de dos mil elementos municipales y su sustitución
por 2 mil elementos de la Guardia Nacional, con el acuerdo del presidente
mexicano Andrés Manuel López Obrador, con lo cual, en teoría debería de
comenzar a funcionar la Mesa de coordinación para la paz, en Acapulco, que
actualmente es inoperante, precisamente por la desconfianza que se tiene en los
mandos de la SSP del puerto y la falta de disposición de las autoridades
municipales.
Tal medida permitiría cerrar el flanco más débil de la seguridad
en el puerto: La prevención, la cual difícilmente va a funcionar con una
corporación que no genera confianza ni entre ellos mismos, como lo denunció el
ahora asesinado Samuel Buenfil ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
donde señalo que le ofrecieron 50 mil pesos a la semana por dar nombramientos
de comandantes a gente que se sabe está relacionada con el crimen, a lo que se
negó y que, según esa denuncia, de todos modos aparecieron después con
nombramientos de jefes.
Tal vez, sea hora de confiar en la Guardia Nacional, pero no
en esa que viene a vacacionar y que solo llega a apoyar a los ministeriales a
delimitar el área del crimen cuando el cadáver ya está tirado, sino en una que
se acuartele en Acapulco, se enrraice, aquí y se convierta en la policía
preventiva municipal, durante el tiempo necesario para formar una nueva policía
preventiva, con los valores de la 4T, humanistas e incorruptibles, capacitados
y armados y bien equipados y con el respaldo de la SEDENA.
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