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| El ejército tiene un papel preponderante en la estrategia de seguridad en Acapulco. Foto archivo, Raúl Séndic García Estrada. |
El enfrentamiento ocurrido en la Costa Grande de Guerrero, este
fin de semana, con un resultado de cinco personas muertas, entre ellas dos
policías estatales que habían acudido a brindar un auxilio, vuelve a poner a la
entidad en el foco de atención del tema de la violencia, que cada vez más corre
el riesgo de normalizarse, como en aquellos lugares del Mundo, en donde la
gente cohabita con el peligro cada día, al grado de que, por ejemplo en el
medio oriente, ya tienen a la mano sus refugios a donde corren a protegerse al
sonar alguna de las alarmas respectivas.
El análisis difícilmente pudiera hacerse desde lo cuantitativo,
pues los muertos no son números, sino personas con nombres y apellidos, y
aunque fuera sólo uno, le duele a los deudos y amigos, y debiera darle vergüenza
a las autoridades que no han sido capaces de garantizarle su derecho más
sagrado: el derecho a la vida.
En ese sentido solo cabe decir, grosso modo, que la entidad cerró
el año en el octavo lugar en cuanto a homicidios dolosos, por arriba incluso de
Zacatecas, pero por debajo del Estado de México, Sinaloa y Baja California.
El 2022, fue el primer año de gobierno de la morenista
Evelyn Salgado Pineda, pero no el primer año en que se vive una alta percepción
de violencia, que, como lo hemos dicho antes, fue una herencia maldita, que
recibió de los regímenes anteriores, tanto del PRI, cuyo gobernador Rubén
Figueroa Alcocer debió dejar la gubernatura por el asesinato de 14 campesinos
en el vado de Aguas Blancas, un 28 de junio, como del PRD, en el que militaba
el camaleónico Ángel Aguirre Rivero, que fue presionado para dejar el poder
estatal tras la desaparición de 43 estudiantes normalistas y el asesinato de
dos más, bajo las balas de policías francotiradores, cuyas imágenes dieron la
vuelta al mundo.
En ese sentido, pudiera pensarse que el incremento de la
violencia en la entidad guerrerense, en el primer año de la gobernadora Evelyn,
constituya algo más que el enfrentamiento por las plazas y territorios entre
los cárteles criminales, que cada vez más se imbrican en los temas políticos,
en particular en algunas zonas del estado, como también ha sido visible en otras
entidades del país y que pudiera llevar oculta la intención de crear angustia
en la joven mandataria y una percepción ciudadana de inseguridad, para buscar
restarle peso político o hasta descarrilarla del gobierno, como han caído los
mencionados gobiernos del PRI y del PRD respectivamente.
Sin embargo, el análisis debe hacerse con toda la frialdad
y, aunque no es posible descartar el móvil político en el incremento de lo
números que denotan mayor violencia en la entidad, se debe antes considerar lo
que ocurre en el marco nacional, en la guerra por los territorios por parte de
los grandes cárteles.
En ese sentido, no hay que olvidar el debilitamiento de los herederos
de los Beltrán Leyva y de Guzmán Loera, que fueron quienes tuvieron el control
en la mayor parte de Guerrero, en especial Costa Grande y Acapulco, situación
que está siendo aprovechada por otros cárteles, como el de la Familia Michoacana,
por cierto dominante también en Tierra Caliente (Junto a la tristemente célebre
banda del Tequilero), para intentar desplazar a los anteriores y ganar nuevos
espacios para la producción y tráfico de drogas, entre otros negocios ilícitos.
El hecho, histórico también, de que esos grupos hayan
influido, comprado o colocado directamente a presidentes municipales y
diputados en algunas de esas regiones, para darles mayor movilidad y resguardo
a sus operaciones, no parece suficiente como para robustecer el argumento del móvil
político del incremento de la violencia, pero sí es un elemento toral para
considerarse, en cualquier estrategia de seguridad que se ponga en marcha.
Esto es así porque el arraigo de los grupos criminales,
aunque se fragmenten, en dos o más células, tras la captura o muerte de los
jefes fundadores, se mantiene en la vida social de las comunidades que carecen,
muchas veces de más fuentes de ingresos, que la producción y comercialización de
enervantes y que carecen también de fuerzas locales, municipales, de seguridad,
que sean confiables y eficaces, y sin lo cual no puede pensarse en una acción
exitosa para frenar la violencia.
Aunque no se descubra el hilo negro, es importante insistir
en que la violencia no se resuelve solo enviando soldados, marinos, guardia
nacional o policías estatales a combatirlos (aunque tampoco se les puede dejar
sin acciones reactivas ante sus hechos criminales, es decir, el Estado no pude
claudicar al crimen), sino que requiere de estrategias integrales: sustitución
de cultivos, por ejemplo, que involucran a la áreas de desarrollo económico de
la entidad y de los municipios, así como el apoyo con recursos federales,
además de la prevención del delito “común”, que le corresponde directamente a las
autoridades municipales, como correctamente lo ha asumido ya la alcaldesa de
Acapulco, Abelina López Rodríguez, quien decidió dar un paso adelante y
rediseñar su propia estrategia en ese terreno, aunque, hay que decirlo, a dos
semanas no se han visto resultados aún.
Y siguiendo la línea del tema político en el incremento de
la violencia, hace falta que los partidos políticos lo entiendan y que los
otros poderes del estado, en especial los diputados, lo asuman como tal: la
violencia es un problema que también les compete y debieran estar trabajando en
ello, al menos para fortalecer posturas nacionales como por ejemplo la legalización
de la producción y comercialización de la mariguana, que a nivel federal está
ya muy avanzado y que en Guerrero permitiría regular la actividad relacionada
con esa droga en Costa Grande y la Montaña, en tanto que el tema de la
producción de la amapola también está ya debatiéndose en el Congreso de Unión, mientras los diputados locales
permanecen mudos y más interesados en conservar la curul para seguir cobrando
los cómodos y nada despreciables sueldos o bien para usarlas como trampolín
para brincar a otro cargo de representación popular.
Para terminar este artículo, debemos decir, en resumen, que
el tema de la violencia y la percepción de inseguridad, venga de donde venga,
de la política o de la lucha entre carteles por los territorios, les compete a
todos, no solo a la gobernadora, sino también a los alcaldes, a los diputados
locales y por supuesto, al gobierno federal, y que solo trabajando en una
estrategia común podrían verse resultados positivos; en ese sentido, cabe
decir, que efectivamente, como dijo una vez Abelina López en la Mesa de
Coordinación de Acapulco, ahí no se resuelve nada…si no se liga con el trabajo
de gabinete y acciones, de la parte inteligente, intelectual, del gobierno y si
no se mete en todos los programas sociales y de desarrollo.
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