Baldemar Gómez Roque
Acapulco, Gro., a 19 de febrero de 2021.-Funcionarios de primer nivel, son denunciados ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) por el probable uso indebido de los recursos públicos del presupuesto 2019-2020, así como el presupuesto del Fortaseg y Ramo 33.
De acuerdo, a datos recabados por la Auditoría estatal abrió los expedientes: ASE-ST-UI-015-2020 y ASE-ST-UI-016-2020, en contra de las siguientes autoridades denunciadas: Adela Román Ocampo, presidenta municipal; la exsecretaria de Administración y Finanzas, Soraya Benítez Radilla; el exsecretario de Planeación y Desarrollo Económico, Javier Ibarra Angulo; el exsubsecretario de Administración, Roberto Alfonso Espinoza Godoy; el Coordinador General de Servicios Públicos Municipales, Juan Carlos Manrique García; el secretario General del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Ernesto Manzano Rodríguez y el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Armando Javier Salinas.
La presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo y varios de sus funcionarios de primer nivel, fueron denunciados ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) por el probable uso indebido de los recursos públicos del presupuesto 2019-2020, así como el presupuesto del Fortaseg y Ramo 33.
Así mismo como el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los municipios y demarcaciones territoriales (Fortaseg), los señalados son: otra vez, la alcaldesa Román Ocampo; el exsecretario de Finanzas, Omar Rodolfo Romero Ávila; el subsecretario de Administración, José Luis Jiménez Nava; el jefe del departamento de Licitaciones, José Eduardo Maldonado Vergara, y el exsecretario de Planeación y Desarrollo Económico, René Vargas Pineda, quien se anotó para competir por la candidatura de Morena a la alcaldía.
Estas denuncias se han presentados por violaciones a procedimientos de contratación administrativa, fue hecha el 30 de octubre de 2020, e incluye también observaciones a los recursos del Ramo 33, fondo IV.
Mismo que la Auditoría señala que se inició la investigación correspondiente para determinar sobre el mal manejo de los recursos públicos, y ver las sanciones administrativas aplicables a los involucrados, así como las acciones penales que en su caso corresponda con relación a presuntos procedimientos de contratación administrativa simulados, violentando así el debido proceso legal de contratación administrativa.
Así como no informar sobre toda la evidencia que permitiera garantizar que efectivamente los recursos públicos destinados a la obra pública cumplieran con su objetivo, para efecto de que pueda ser verificado, ya que toda esa información, así como las obras fueron manejadas con secrecía.
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