· Avizoran convertirse en el nuevo municipio de Bienes comunales
· Pese a su extrema pobreza rechazaron La Parota, un proyecto millonario que les cambiaría la vida
Por Julio Zenón Flores Salgado
ALVARO MÉNDEZ, dice que su población, El Tamarindillo, forma parte de los Bienes comunales de Cacahuatepec, del municipio de Acapulco, pero que por su cercanía dependen administrativamente de San Marcos, pero que cuando gestionan servicios públicos, los mandan de un lado al otro.
Como para gestionar el fertilizante, en San Marcos simplemente les dijeron que no les podían apoyar con nada porque ellos pertenecen a Acapulco. En Acapulco, a su vez, les mandaron a San Marcos.
-Ya no somos ni de aquí, ni de allá-,
Dice sacudiendo el sombrero paja que lleva puesto mientras participa en una asamblea informativa que se lleva a cabo en la escuela Pablo Galeana, del centro de Cacahuatepec, un derruido edificio que quedó cubierto por el agua del río Papagayo, en el 2015, cuando la tormenta tropical Ingrid y Emanuel, azotaron esta zona del país.
En realidad, El Tamarindillo o Venta Vieja, como también fue conocido, es uno de los más de 40 anexos de los Bienes comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, con algo más de 35 mil habitantes, según el último censo de hace 5 años y unas 40 mil hectáreas de extensión territorial, asentado a lo largo de unos 30 kilómetros, a cada lado del río Papagayo, el afluente que dota de agua potable al millón de habitantes del puerto de Acapulco y de un importante porcentaje del recurso pétreo que usa la industria de la construcción en la zona.
Aunque alguna vez fue la cabecera administrativa del municipio de San Marcos, según relatan los propios habitantes, en la actualidad sobrevive en el abandono, con la mayoría de sus hogares con piso de tierra, sin agua potable, sin sistemas de riego, sin proyectos productivos, sin fuentes de empleo, sin acceso a la educación superior y sin un puente que les conecte a la civilizada y lujosa ciudad de Acapulco, a la cual tienen que llegar después de recorrer polvosas veredas y atravesar en pangas o canoas, en la parte más estrecha del río, donde muchos políticos, incluida la actual alcaldesa Adela Román, les han prometido construirlo.
De acuerdo con los registros oficiales ahí se asienta la mayor parte de pobladores en extrema pobreza, junto al valle de La Sabana, que convierte a Acapulco en el municipio turístico con mayor pobreza extrema del país, pero a la hora de hacer gestiones de apoyos federales, les dicen que ellos no los necesitan porque forman parte del glamoroso paraíso turístico del Pacífico.
-Para conseguir el fertilizante nos anotaron como un favor que nos hizo un Servidor de la Nación que nos llevó con el coordinador municipal-, revela uno de los comisarios, porque no estábamos considerados ni en San Marcos ni en Acapulco.
El abandono, el ninguneo, la pobreza, la falta de apoyos gubernamentales y quizás la desesperación, les llevaron a buscar asesoría para conformar su propio municipio y gestionar directamente las inversiones que le pueden traer bonanza económica, aprovechando la abundante agua que les da el caudal del río Papagayo que los atraviesa.
Se emocionan pensando en cuáles espacios podrán destinar a cuencas lecheras, a invernaderos, a criaderos de ganado de chivos, que abundan en la zona, a los canales de riego, si consiguen atraer inversionistas, una vez que tengan su propia administración municipal, ya que actualmente, según su percepción todo se detiene en el ayuntamiento de Acapulco, que sólo atiende a la franja turística.
Ya pensaron el nombre: Nuevo municipio de los bienes comunales de Cacahuatepec y se integrarían tanto las comunidades que están adscritas a Acapulco, como las que ahora pertenecen a San Marcos.
Una vez iniciados los trámites, resuelven como lo van a continuar quienes releven en el cargo a los actuales representantes comunales.
-Nuestros nietos ya vivirán en una situación mejor- dice Isaac Valeriano García, presidente de los bienes comunales y el más entusiasta impulsor, ante más de 30 representantes de los anexos.
Sobre ellos pende el recuerdo de un proyecto manejado una década atrás que prometía una fastuosa inversión federal para la construcción de una presa, lo que en vez de desarrollo trajo graves problemas, divisiones, movilizaciones, muertes, enfrentamientos y encarcelamientos, además de un dirigente nuevo rico propietario de motos acuáticas y de una mansión en uno de los fraccionamientos de lujo de la zona turística de Acapulco.
La Parota fue un sueño, dice uno de ellos. Pero si se lograra revivir, podría dotar de riqueza a esta zona.
Y es que LA CONSTRUCCION de la presa hidroeléctrica La Parota en tierras comunales de tres municipios del sureño estado mexicano de Guerrero, un sueño de desarrollo de la zona más pobre de Acapulco, dejó al menos cuatro muertos, varios heridos, un pueblo dividido que se quiere separar de la cabecera municipal y una fama de problemático que rebasó la frontera de la entidad e incluso del país.
El tema de la gigantesca presa que inundaría medio centenar de comunidades del sur de Acapulco fue recordado en Chilpancingo, en el mes de octubre pasado, cuando las autoridades de Cacahuatepec dieron una conferencia de prensa en las afueras del edificio del poder legislativo de Guerrero, para informar que venían de entregar la solicitud al gobierno del estado para separarse de la cabecera municipal y conformar su propio municipio, y que en ese momento harían entrega también a los diputados de la solicitud respectiva.
Hablaban de un tema casi muerto, pero que tiene que ver con ellos algo más que por la historia.
Antes de eso, la última noticia que se tuvo del proyecto fue cuando el ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, reavivó el conflicto un 27 de noviembre al declarar en Acapulco que los comuneros habían perdido el amparo y que por lo tanto la presa se construiría, a lo que los comuneros opositores respondieron prácticamente que sería sobre su cadáver. Dos días después el funcionario matizó que no se haría mientras los comuneros no estuvieran de acuerdo, pero la declaración ya había soltado los perros de la guerra: tres comunicados de grupos armados, advertían que se opondrían a tal obra, considerada en el plan Puebla Panamá.
Para imponer el proyecto, que representa más de 800 mil dólares de inversión la CFE recurrió a todo: asambleas a escondidas, declaraciones favorables de autoridades estatales y de campesinos cenecistas, hasta la realización de obras comunitarias, mientras los opositores buscaron el respaldo internacional de grupos ambientalistas.
En el camino, alrededor de 200 asociaciones y organizaciones no gubernamentales de al menos 20 países del mundo, expresaron su oposición a la construcción de esta magna obra, con argumentos que van desde la defensa del medio ambiente, al prever que ésta ocasionaría cambios negativos en el microclima, hasta la defensa de los derechos humanos de los propietarios originales de las tierras que serían inundadas con el vaso de la presa y que no tienen certeza de su indemnización.
El gobierno y los sectores oficialistas del viejo régimen respondieron que su construcción abastecería de agua y energía eléctrica a las ciudades cercanas, además de que generaría unos 10 mil empleos y a los afectados les ofrecieron reubicarlos y construirles viviendas nuevas, pero se toparon todo el tiempo, hasta la fecha con la negativa rotunda.
Los años pasaron, el proyecto se archivó, el régimen cambió, el principal opositor fue apresado y liberado después, mientras el la pobreza en la zona se agudizó y la desesperanza sembró sus reales en las 46 comunidades que cobijan a más de 30 mil habitantes, que siguen hasta la fecha careciendo de agua potable en sus hogares, no tienen sistemas de riego, pese a estar junto al río más importante del sur de Guerrero, y sus sembradíos siguen siendo escasos y de temporal, sus caminos polvorientos se cortan cuando llueve, sus hijos tienen que salir a la ciudad para estudiar educación superior y buscar empleo y en medio de un futuro que no se pierde en el polvo de las veredas y brechas de la zona, surgió como opción desesperada la idea de conformar un nuevo municipio y buscar directamente su desarrollo, al margen de autoridades que han priorizado siempre a la zona turística. Un nuevo municipio, en donde podría resurgir el proyecto de LA PAROTA.
LA HISTORIA DE UN PROYECTO FALLIDO
La parota y el nuevo municipio de Cacahuatepec
Con una estela de al menos cuatro muertos y varios heridos, encarcelamientos, más de cuatro años de un conflicto del que no hubo más solución, incluso hasta en los tribunales, fue su cancelación pese a una millonaria cantidad de recursos ya invertidos.
El anuncio hecho aquel 27 de noviembre por el entonces director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, en el sentido de que la paraestatal había ganado un juicio de amparo que le permitiría empezar las obras, vino a agitar las aguas de un estado de por sí convulso por el movimiento que llevaba semanas intensificado por normalistas de Ayotzinapa en demanda de plazas para maestros.
Coincidentemente, el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo concedió, ese mismo día, una entrevista a un diario local, en donde reveló haber solicitado de manera formal a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que realice una consulta directa con los involucrados acerca de la aceptación o no de la presa.
¿Ya ganamos?
La declaración del director de la CFE se dio 20 días después de que la Dirección General de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal publicara en su página de internet la resolución de la juez Octavo de Distrito en Guerrero, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, "de sobreseer el juicio de amparo por el que se suspendieron las obras hidráulicas de la presa La Parota, tras comprobar que no se afectarán los intereses de los comuneros de Cacahuatepec, en esa entidad". Dicha resolución fue dictada el 31 de octubre, según la lista de acuerdos exhibida en las ventanillas del juzgado.
Cabe mencionar que previamente, el 10 de septiembre, la juez había concedido la suspensión definitiva a los pobladores de Cacahuatepec, tras lo cual ordenó a la CFE suspender las obras del proyecto hidroeléctrico. El incidente, en el que se demandó el juicio de amparo 879/2007, fue promovido el 14 de agosto por los comuneros Víctor García Robles, Clemente Reyes Bailón, Petronila Valente Calixto, Gregorio García Vázquez, Ricardo García Valente, Juventino García Vázquez y Ángel Valente Vázquez.
En la nota informativa del Consejo de la Judicatura Federal sobre el caso, de fecha 13 de septiembre, se explica que "la demanda de amparo fue contra las acciones de la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, Senado de la República y autoridades de Semarnat, Conagua y CFE, así como contra la publicación de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente y otros acuerdos que permitieron la autorización de las obras del proyecto hidráulico, por su inconstitucionalidad.
"Se negó el amparo debido a que el artículo 124 de la Ley de Amparo señala que no se puede conceder la suspensión contra la promulgación y expedición de leyes si aquellas ya se llevaron a cabo.
"Sin embargo, se concedió la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y las autoridades se abstengan de autorizar la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales del río Papagayo del proyecto hidroeléctrico La Parota por los daños irreversibles a los quejosos, que viven en Cacahuatepec, Guerrero".
A decir de la juez Larumbe Radilla, no existió contradicción entre la medida asumida en septiembre con la resolución de sobreseer el juicio de amparo, porque cuando se otorgó la suspensión fue como una medida precautoria "para no perder la materia del juicio de amparo". Esa medida precautoria, agregó, prevaleció hasta que concluyó el estudio del fondo de la demanda de los pobladores de Cacahuatepec.
Luego del sobreseimiento, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, por medio del abogado Francisco Xavier Martínez Esponda, interpuso un recurso de revisión que fue admitido por el propio Juzgado Octavo, además de apelar ante un tribunal colegiado, con la consigna de que de no obtener un resultado favorable recurrir hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A decir del litigante, "pasarían varios meses antes de que (el caso) fuera estudiado, (por lo que) la sentencia de suspensión definitiva de los trabajos prevaleció".
Al dar a conocer la resolución de sobreseimiento, el director de la CFE expresó pomposamente: "Ganamos el juicio, que es muy importante, pero estamos convencidos de que tenemos que llegar a un acuerdo con los ejidatarios para edificar la presa".
Lo cierto es que el juicio continuó su curso.
Fantasma guerrillero
En el frente opositor, la solidaridad de las organizaciones sociales, particularmente las agrupadas en la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, entre quienes se incluye a los grupos armados EPR y ERPI, se dejó sentir.
"Una imposición por la fuerza militar y policiaca no sería tolerada y nos sumaríamos a la lucha del CECOP", advirtió el dirigente y ahora aspirante a candidato a gobernador de Guerrero, por el partido Morena, Nicolás Chávez Adame.
Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo, dijo a su vez que "cualquier intento de imponer la presa La Parota terminaría en un baño de sangre porque tendrían respuesta de nuestra parte, porque hemos dicho desde un principio que nuestras tierras no están en venta".
Tales expresiones fueron recibidas con alarma por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Su representante en México, Amerigo Incalcaterra, calificó como "sumamente grave que fuerzas guerrilleras que hacen uso de la violencia se entrometan en asuntos que son ajenos a su responsabilidad. Esta es una situación que compete a los pobladores de la zona, a las autoridades de Guerrero y a las federales. No se necesita de guerrillas para resolver los problemas", rubricó.
En un comunicado fechado el 3 de diciembre, el EPR respondió a Incalcaterra diciendo que sus declaraciones demostraron "un desconocimiento de la realidad de nuestro país, pues nuestro partido está constituido precisamente por la gente del pueblo que ha optado por la lucha armada y eso da origen a nuestra presencia permanente en lugares en donde este gobierno crea conflictos por su defensa de los intereses de la oligarquía que están en contra del pueblo y que es por lo que nace la resistencia y autodefensa, tal es el caso de La Parota y la represión contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Represión sistemática en el plano nacional, a la cual debería estar atento para informar a la ONU de las violaciones existentes y exigir al gobierno mexicano el respeto a los derechos humanos y a las leyes internacionales que ha firmado comprometiéndose a respetarlas".
Hay que recordar que durante su recorrido por el país promoviendo La Otra Campaña, el subcomandante Marcos del EZLN estuvo con los opositores en un encuentro en Agua Caliente, en donde de igual forma les expresó el respaldo a su lucha.
Estos muertos que ves...
En una declaración de la autodenominada Misión Civil de Observación Alrededor del Conflicto La Parota, publicada el 23 de mayo en la página electrónica ecoportal.net, se señala que "el escalamiento del conflicto ha dejado un saldo ya de cuatro muertos, numerosas movilizaciones en contra y a favor del proyecto, así como varios litigios en distintos tribunales".
Uno de los muertos es Tomás Cruz Zamora, originario de Huamuchitos, quien en agosto del 2005 manejaba una camioneta con 40 personas a bordo y en un punto del camino hacia los bienes comunales de Cacahuatepec salió al paso Cirilo Cruz Elacio y sin más le dio un disparo en la sien. Herido fue traído a un hospital del puerto, donde falleció horas más tarde.
El ejidatario de Dos Arroyos, Eduardo Maya Manrique, por su parte, fue asesinado a pedradas los últimos días de enero del 2006. Como autores materiales se señala a los hermanos Víctor Manuel y Oscar del Carmen Alemán, así como a Samuel Delgado Castillo, simpatizantes del proyecto hidroeléctrico, quienes según las investigaciones fueron a sacarlo de su casa a las 5 de la mañana para privarlo de la vida.
Los hechos ocurrieron en la calle del panteón, donde por cierto unas semanas antes ocurrió un enfrentamiento entre opositores y policías estatales, con saldo de varios heridos e intoxicados por gases lacrimógenos, entre ellos tres hijos pequeños del hoy occiso.
El conflicto trajo también el encarcelamiento de dos de los líderes opositores, Marco Antonio Suástegui y Francisco Hernández, quienes durante diez días permanecieron en prisión, sin que ambos hayan estado en el lugar donde se privó ilegalmente de su libertad a un funcionario de CFE. Curiosamente, fue la misma paraestatal la que pagó la fianza de 10 mil pesos, ante la presión de los comuneros. No obstante, quedaron pendientes otras cuatro órdenes de aprehensión.
Gobernador promotor
A diferencia de su antecesor René Juárez Cisneros, quien si bien mostró simpatías hacia el proyecto mantuvo hasta el final de su mandato una actitud mesurada, dejando en manos de los ejidatarios la decisión de vender o no sus tierras, su sucesor el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo demostró abiertamente su apoyo al proyecto de la CFE.
Tanto así, que el 9 de mayo del 2006 encabezó una marcha a favor de la presa en Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, en la que participaron los alcaldes de este municipio, Héctor Vela Carbajal y de Tecoanapa, Alvaro Morales García, así como ejidatarios de los cinco municipios involucrados, entre ellos el entonces presidente de los bienes comunales de Cacahuatepec, Jesús Crisanto Arellano, así como el representante de la fracción disidente de la CNC estatal, Evencio Romero Sotelo.
En esa ocasión, Torreblanca Galindo asumió "la obligación histórica de generar condiciones de concordia, no de enfrentamiento, por eso hacemos un llamado a los que se han cansado de transgredir la ley, para que resolvamos mediante el diálogo".
La respuesta no se hizo esperar. Pocos días después, los opositores realizaron una movilización al marchar de la comunidad de Agua Caliente a San Pedro Cacahuatepec, y de ahí hacia la carretera federal hasta El Bejuco, en los límites de los bienes comunales.
Ahí, Felipe Flores Hernández, vocero del CECOP, cuestionó que "Zeferino ya no es gobernador, ahora es líder de la CNC y gato (empleado) de la CFE".
Para los manifestantes, el proyecto ya estaba cancelado y el ejidatario Julián Blanco, de Los Huajes, fue más enfático: "la CFE no va obtener ni un centímetro de nuestras tierras".
Opiniones diversas
Además de los dos alcaldes perredistas que acompañaron al gobernador Torreblanca Galindo el día de la marcha, los priístas de Chilpancingo y San Marcos, Mario Moreno Arcos y Armando Bibiano García, respectivamente, mostraron su simpatía hacia el proyecto, aunque pugnando porque se respetaran los derechos de los comuneros y, sobre todo, que se les pagara un precio justo por sus tierras.
En esa misma tesitura se mostraron el entonces dirigente estatal de la CNC institucional, José Ramón Díaz Tornez y el municipal, Mateo López Castillo, quienes se pronunciaron porque se respetara la voluntad de los ejidatarios, además de "que no se abuse de su ignorancia".
Díaz Tornez fue más allá y demandó que las organizaciones que no tengan nada que ver en el conflicto "saquen las manos, porque salen sobrando".
José Leonor Palma Nava, asesor de la Organización Democrática de Participación Ciudadana, opinó que el proyecto debía estar soportado por la firma de un convenio entre los gobiernos estatal y federal, con el aval de los Congresos local y de la Unión. "Las cosas tienen que hacerse bien", reforzó, a la vez que se dijo de acuerdo en que se sigan los lineamientos de la ONU, incluso mediante una consulta o plebiscito.
El presidente electo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado, Fermín Porfirio Arizmendi Lugo, indicó que el proyecto traería "un beneficio global" para Guerrero, ya que habría más energía eléctrica, lo que vendría a disminuir el precio que se paga por ella.
Al realizarse un recorrido por la zona de los bienes comunales de Cacahuatepec para palpar de manera directa el sentir de los involucrados, en Agua Caliente, Juan Carlos Piza Nieves, líder moral del pueblo y
maestro de la primaria Revolución Social, comentó que "es mucha la gente que está a favor, aunque esta es la gente pacífica; los opositores son los más radicales".
Los profesores Justina Ventura Hernández y Antonio Morales Villanueva, lamentaron la falta de información para poder determinar si el proyecto era bueno o malo. Coincidieron en que de llevarse a cabo "la CFE tiene que pagar lo justo".
Juan Hernández Saligán, de Parotillas, dijo que es hasta "necesaria la realización del proyecto para lograr el desarrollo de la región", y cuestionó que los opositores no permitan que se lleve a cabo. "¡Por eso estamos como estamos!", sentenció.
En tanto, Sósimo Hernández Sosa dijo que existía mucha confusión "por todo lo que se ha dicho", aunque admitió que de concretarse la construcción de la hidroeléctrica "habría trabajo para todos los habitantes".
El alcalde de ese entonces, Félix Salgado Macedonio, si bien no expresó un rotundo rechazo a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, sí evidenció un respaldo abierto a los opositores.
Basta mencionar que pagó la fianza de integrantes del CECOP que se vieron involucrados en problemas legales derivados de la oposición al proyecto.
Incluso, existen versiones de que cuando la juez Octavo de Distrito fijó un depósito por cien mil pesos, en su resolución del 10 de septiembre, cuando concedió la suspensión definitiva por el amparo interpuesto por los pobladores de Cacahuatepec, para garantizar los posibles daños a la tercera perjudicada, es decir la CFE, fue el propio ex alcalde porteño quien facilitó los recursos.
Según los opositores, La Parota afectaría 17 mil hectáreas de 21 comunidades, que obligaría al desplazamiento de más de 25 mil personas, y la construcción del embalse ocasionaría daños a los mantos freáticos de la zona que cubriría la presa y áreas aledañas.
La información oficial, a su vez, establece que el proyecto de La Parota, además de la generación de energía calculada en mil millones de kilowatts-hora anuales, se formaría un lago artificial de más de 14 mil hectáreas de superficie (casi 10 veces el tamaño de la bahía de Acapulco), que garantizaría el suministro de agua potable para los próximos 50 años, además de propiciar el desarrollo turístico, ecológico, agropecuario e inmobiliario.
Para ello, admite la CFE, sería necesario reubicar 10 poblados completos y 4 parcialmente.
La inversión total sería del orden de los 11 mil 800 millones de pesos, generando alrededor de 5 mil empleos directos y otros 5 mil indirectos, dando prioridad a la mano de obra local.
Más de una década después, el espíritu del proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota, vuelve a rondar las veredas de los bienes comunales de Cacahuatepec, como una alternativa para el desarrollo económico del nuevo municipio de Los Bienes Comunales, que en un año o dos podría estarse constituyendo, con un aprovechamiento productivo de las tierras de las que son propietarios miles de comuneros que, como trashumantes, sobreviven de pírricas ayudas oficiales como becas, apoyos a adultos mayores y fertilizante gratuito, que se irán cuando el gobierno en turno se acabe.
Isaac Valeriano García, presidente de los bienes comunales de Cacahuatepec, parece estar decidido a frenar la ancestral pobreza y entrar a la era del desarrollo agrícola y ganadero, que les promete su constitución como nuevo municipio.
Ese será el legado para nuestros nietos, dice, con su mirada puesta en la iglesia de la virgen de Guadalupe, que vigila el poblado desde lo alto de la colina a espaldas de un abandonado y semiderruido centro de salud.
La coyuntura electoral parece favorecerles. Pronto llegarán en cascada los aspirantes a alcalde, a diputado local del distrito 09, a diputado federal del 09 y a gobernador del estado. En la lista ya aparecen algunos nombres conocidos para ellos, como el del actual legislador del 09, Zeferino Gómez Valdovinos, de quien recuerdan que recorrió casa por casa en la pasada campaña del 2018, pero no se volvió a parar a cumplir sus promesas; el contador Mario Moreno Arcos, que en la época en que se impulsó La Parota era alcalde de Chilpancingo y ahora busca la gubernatura, así como Félix Salgado Macedonio, entonces opositor y que ahora también quiere ser gobernador.
Pronto, cuando ya sean candidatos, habrá que hablar con ellos al respecto para buscar su respaldo. Los campesinos pobres, a veces desconocidos en San Marcos y a veces ignorados en Acapulco, tienen muy poco o nada por perder. El no ya lo tienen, ahora van por el sí.
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