Baldemar Gómez Roque
Chilpancingo, Gro., a 22 de octubre de 2019.-Los diputados de Morena pretenden sancionar a aquellos servidores públicos que, al ejercer su cargo, incumplan con los objetivos y metas del presupuesto de Egresos; la propuesta fue presentada por la diputada Mariana García Guillén.
Esta propuesta busca adicionar diversas disposiciones a la Ley de Presupuesto y Disciplina Fiscal del estado con el objeto de sancionar a aquellos servidores públicos que incurran en cualquier acto u omisión que traiga como consecuencia subejercicios por incumplimiento de los objetivos y metas anuales en el presupuesto de egresos; realicen acciones u omisiones que impidan el ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de los recursos y el logro de los objetivos y metas anuales de las dependencias, unidades responsables y programas.
Además, que no cumplan con las disposiciones generales en materia de programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación del gasto público estatal establecidas en la Ley, así como todo aquel acto que causen daño o perjuicio a la hacienda estatal y municipal, incluyendo los recursos del patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad.
Así mismo argumentó que en las últimas administraciones y en los tres niveles de gobierno, ha sido práctica reiterada por funcionarios y servidores públicos encargados de ejercer el presupuesto, el incumplir con el calendario determinado para la ejecución o ministración de recursos, lo que dificultan la debida aplicación de los mismos.
Este retraso dijo, se da con mayor frecuencia en las secretarías de la administración pública estatal, que, en ocasiones, lo hacen con el objeto de presionar o coaccionar políticamente, o bien por imprudencia o negligencia, donde explicó que aun cuando la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado reporta la existencia de subejercicios, ésta no detalla de manera clara el o los hechos que motivaron esa falta.
La morenista explicó que la generación de subejercicios presupuestarios viola los principios en que se sustenta la obligación del Estado de garantizar el desarrollo estatal de manera integral y sustentable; afecta la competitividad, el fomento del crecimiento económico, la promoción de inversión, la generación de empleo y la justa distribución del ingreso y la riqueza.
En el cual pone en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas del estado, genera condiciones desfavorables para el crecimiento económico y para la debida aplicación del Plan Estatal de Desarrollo; además rompen con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, necesarios para la aplicación de la debida administración de los recursos económicos.
Donde consideró necesario estas sanciones a los servidores públicos con el objeto de evitar incurrir en responsabilidad y que la ejecución presupuestaria sea opaca o tendiente a evitar la fiscalización y a la vez sirva como mecanismo para incentivar a los funcionarios y servidores públicos ejecutores de gasto público a que cumplan sus atribuciones y obligaciones derivadas de su cargo con eficiencia y eficacia.
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