Por cuanto hace a las acciones emprendidas para cumplir con lo establecido en dicha Recomendación, en esta primera ocasión se informa sobre lo realizado en materia de indemnización y reparación a las víctimas, así como sobre los procedimientos penales y administrativos instaurados en contra de los servidores públicos que fueron señalados como probables responsables de los hechos.
1. Indemnización y reparación a las víctimas
A partir de la conformación del Comité de Atención Integral, derivado del Plan Integral de Reparación l del Daño, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 6 de marzo de 2012, se han brindado 96 atenciones o terapias psicológicas, tanto a las víctimas como a sus familiares, y se han entregado 17 tarjetas de atención preferencial por parte de los servicios públicos de salud estatales.
De igual modo, se han entregado 33 indemnizaciones económicas a personas clasificadas como víctimas directas e indirectas, destacando que las mismas fueron determinadas a partir de los estándares internacionales vigentes en materia de violaciones a los derechos humanos.
El Comité de Atención Integral de las Víctimas ha sesionado en 12 ocasiones con el objetivo de analizar y atender individualmente todos y cada uno de los casos de las víctimas de estos hechos con el objetivo de poderles brindar la atención que se merecen.
2. Sanciones penales a los responsables
Hasta el momento, dos policías ministeriales se encuentran sujetos a proceso penal como probables responsables en la comisión de los delitos de homicidio y lesiones, en agravio de estudiantes normalistas, por lo que corresponde resolver su situación jurídica al órgano jurisdiccional del conocimiento en estricto apego a derecho.
Es de destacar que esta acusación se sustenta, entre otros elementos de prueba, en el resultado de las periciales elaboradas por la Procuraduría General de Justicia del Estado, la CNDH y la Procuraduría General de la República.
Por otra parte, a la fecha la PGJE integra diversas averiguaciones previas por la comisión de distintos delitos cometidos por servidores públicos en el desarrollo de los hechos en cuestión; al respecto, se informa que fue conformado un equipo de especialistas externos a fin de que aporten sus conocimientos jurídicos, generando propuestas o sugerencias que fortalezcan las investigaciones y su judicialización.
Entre las averiguaciones previas que se integran, se encuentra una iniciada por la probable comisión del delito de tortura, misma que será igualmente analizada y concluida en fechas próximas.
3. Sanciones administrativas a los servidores públicos
12 servidores públicos de primer nivel fueron separados del cargo, mismos que actualmente se encentran sujetos a investigación administrativa y penal.
101 servidores públicos han sido sancionados administrativamente, en función de su grado de participación.
El Congreso del Estado admitió y dio curso a la denuncia de Juicio Político formulada en contra de 2 ex servidores públicos.
Comprometido con el cabal cumplimiento de esta Recomendación, el Gobierno del Estado seguirá trabajando para atender todos y cada uno de los puntos recomendatorios señalados por la CNDH.
Con la finalidad de mantener informada a la opinión pública, el Gobierno del Estado de Guerrero continuará difundiendo estas acciones detalladamente en las próximas semanas, presentando información sobre los diversos temas que aborda dicha Recomendación y que han sido tomados como una oportunidad para avanzar en el respeto, promoción y garantía de los derechos humanos en nuestra entidad
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