Al ser cuestionados sobre su presencia en el Centro de Derechos
Humanos, los uniformados señalaron que buscaban droga, puesto que había
una denuncia anónima de que señalaba que ahí vendían este tipo de
sustancias. Debido a que los colaboradores del Centro les dijeron a los
soldados que debían pedir permiso para ingresar a las azoteas, ellos
respondieron: “nosotros no pedimos permiso. Imagínese que andemos
pidiendo permiso, mientras hacemos eso, los malandros nos agarran”. De
esta manera, revisaron todo lo que se encontraba en la oficina, mientras
que afuera se podían contar por varias decenas los militares y policías
federales ahí apostados.
Ante esta grave situación, la Parroquia de San Judas Tadeo y el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, ambos coordinados por miembros de la Compañía de Jesús, manifestaron su gran preocupación por lo sucedido: “Esta irrupción de las fuerzas estatales, federales y el ejército muestra de manera clara que la actual política de seguridad, lejos de resolver los problemas, agrava la vulnerabilidad de la población que está sujeta a este tipo de abusos a partir de medidas tan cuestionables como las denuncias anónimas”. Por lo tanto, exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva sobre las violaciones a los derechos humanos que sufrieron.
Por su parte, la Casa del Migrante de Saltillo, Alianza Cívica-Coahuila, AUAS, CEP-Parras y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios señalaron que lo sucedido a la Parroquia y al Centro de Derechos Humanos es un acto más para intentar frenar la labor de las organizaciones civiles y de las personas que buscan proteger y denunciar las violaciones a los derechos humanos. Además de solidarizarse con la denuncia de quienes se han preocupado por velar por los intereses de los más pobres, señalaron que el cateo ilegal y allanamiento por efectivos de instituciones de seguridad, militares y policías, con el pretexto de atender una denuncia anónima, evidencia nuevamente la seria crisis e ineficacia de las instituciones del Estado encargadas de garantizar la seguridad y la paz en nuestro país.
La Organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Coahuila y México (FUUNDEC-M) también se pronunció, señalando que esta acción es, evidentemente, un acto intimidatorio contra los jesuitas y colaboradores del Centro de Derechos Humanos. Lamenataron que el Gobierno Federal y Estatal sigan sin observar las recomendaciones de la comunidad internacional en materia de protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
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Ante esta grave situación, la Parroquia de San Judas Tadeo y el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, ambos coordinados por miembros de la Compañía de Jesús, manifestaron su gran preocupación por lo sucedido: “Esta irrupción de las fuerzas estatales, federales y el ejército muestra de manera clara que la actual política de seguridad, lejos de resolver los problemas, agrava la vulnerabilidad de la población que está sujeta a este tipo de abusos a partir de medidas tan cuestionables como las denuncias anónimas”. Por lo tanto, exigieron a las autoridades una investigación exhaustiva sobre las violaciones a los derechos humanos que sufrieron.
Por su parte, la Casa del Migrante de Saltillo, Alianza Cívica-Coahuila, AUAS, CEP-Parras y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios señalaron que lo sucedido a la Parroquia y al Centro de Derechos Humanos es un acto más para intentar frenar la labor de las organizaciones civiles y de las personas que buscan proteger y denunciar las violaciones a los derechos humanos. Además de solidarizarse con la denuncia de quienes se han preocupado por velar por los intereses de los más pobres, señalaron que el cateo ilegal y allanamiento por efectivos de instituciones de seguridad, militares y policías, con el pretexto de atender una denuncia anónima, evidencia nuevamente la seria crisis e ineficacia de las instituciones del Estado encargadas de garantizar la seguridad y la paz en nuestro país.
La Organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Coahuila y México (FUUNDEC-M) también se pronunció, señalando que esta acción es, evidentemente, un acto intimidatorio contra los jesuitas y colaboradores del Centro de Derechos Humanos. Lamenataron que el Gobierno Federal y Estatal sigan sin observar las recomendaciones de la comunidad internacional en materia de protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
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