La depuración necesaria de la Uni de Coyuca de Benítez

Por Julio Zenón Flores Salgado
Poco a poco, y pese a la resistencia de estructuras anquilosadas, la Universidad Tecnológica y Politécnica de Coyuca de Benítez intenta sacudirse los lastres del pasado, aquellos lazos que desde su creación la subordinaron a los caprichos de la política.
Hace apenas seis meses hubo un cambio de autoridades. En cualquier institución educativa pública, una renovación en la Rectoría forma parte de la normalidad administrativa. Sin embargo, en Coyuca de Benítez la llegada de una nueva conducción fue asumida casi como una afrenta por quienes parecían considerar que haber participado en la fundación de una universidad pública los convertía, de alguna manera, en sus propietarios o concesionarios.
Con el paso de los meses comenzó a aparecer la verdadera razón de la resistencia al cambio. Las nuevas autoridades encontraron, según los expedientes que se han integrado, una serie de presuntas irregularidades administrativas y financieras que ahora son objeto de revisión. Lo que durante mucho tiempo se estuvo comentando en las calles comenzó a tomar forma. Aparecieron documentos reveladores que sirvieron para integrar expedientes que luego se convirtieron en procedimientos institucionales.
La salida del entonces rector, Samuel Reséndiz Balanzar, estuvo marcada por señalamientos de corrupción y malos manejos. Todas esas observaciones dieron pie a una revisión de la estructura administrativa, la nómina, los gastos, los procesos internos y los perfiles de quienes ocupaban determinados cargos.
Entre los señalamientos que han trascendido se encuentran una presunta nómina inflada, gastos considerados excesivos, posibles irregularidades en el manejo de recursos, inconsistencias en los registros escolares y la presencia de personas en determinados puestos sin acreditar, aparentemente, los perfiles profesionales requeridos.
Todo esto está documentado por las vías correspondientes ante las autoridades del sector.
Lo que comenzó como sospecha al final dejó al descubierto todo un entramado de complicidades dónde la política y el pago de favores parecían ser el común denominador.
Y aunque en la vieja política se estilaba así, una universidad pública no puede convertirse en agencia de colocación de amigos, familiares o integrantes de un grupo político. Tampoco puede funcionar como refugio laboral para quienes consideran que una posición obtenida en otro momento debe convertirse en un derecho permanente, independientemente de sus capacidades o del cumplimiento de los requisitos institucionales.
Ya con las investigaciones en curso y con elementos suficientes, los nombres de los participantes en esta trama comienzan a salir a la palestra.
El caso de Luis Miguel Ramírez Solís resulta particularmente ilustrativo de esta discusión. De acuerdo con los señalamientos planteados, habría ocupado la coordinación de la carrera de Comercio Internacional y Aduanas sin acreditar los grados académicos requeridos para desempeñar esa responsabilidad. Si esa situación se confirma, la pregunta es inevitable: ¿cómo pudo alguien llegar a una posición académica de esa naturaleza sin que ninguna autoridad lo advirtiera?
Y esa pregunta conduce necesariamente hacia arriba, porque las irregularidades administrativas no aparecen por generación espontánea. Si una persona sin el perfil correspondiente llega a una coordinación académica, alguien tuvo que permitirlo, autorizarlo o, por lo menos, dejarlo pasar.
Ahora, al ser retirado de esa responsabilidad, surge una nueva exigencia, quiere conservar una plaza de tiempo completo, sin tener licenciatura o maestría, que son obligatorias. El argumento de haber sido fundador de la institución no puede estar por encima de la normatividad. Fundar una universidad es un mérito, sin duda, pero no constituye un cheque en blanco ni otorga derechos laborales por encima de los procedimientos establecidos.
Otro caso que refleja cómo se manejaba la Universidad es el de la encargada del Departamento de Cobros, Minitzi Elizabeth Cruz Laureano, quien está envuelta en una investigación interna por el manejo irregular de recursos.
De acuerdo con fuentes que conocen del caso, en su área hay un presunto quebranto documentado de al menos 300 mil pesos.
La auditoría realizada indica que padres familia testificaron ante las autoridades educativas que supuestamente entregaron dinero en efectivo a Cruz Laureano por conceptos de pago de cuatrimestre, inscripción y reinscripción, sin recibir ninguna copia de recibo repetido.
La investigación también alcanza a Suleyma García Bustos, que ostentaba el cargo de Jefa de Compras, porque no ha podido comprobar la adquisición de insumos académicos, administrativos y de usos generales.
Hay casos de impresoras, tintas, toners y material de papelería que deberían estar a disposición de la universidad y no fueron jamás localizados.
En el papel y con facturas, la funcionaria educativa reportó la compra de siete bombas de agua pero no ha podido mostrarlas físicamente y tampoco ha dado alguna explicación verosímil del por qué no están en la escuela.
Antes estás irregularidades, se sabe que en breve iniciará un proceso de rescisión de contratos de al menos siete trabajadores a quienes se les detectaron anomalías graves como el no contar el perfil o por malos manejos.
Como suele pasar con quienes se sienten por encima de la ley, aquí ya comenzaron a recurrir a supuestas relaciones políticas o influencias externas para intentar conservar privilegios. Esa práctica pertenece a una cultura política que México debería haber dejado atrás hace mucho tiempo.
Pero precisamente por eso resulta indispensable que las autoridades no cedan ante presiones políticas, sindicales o personales que ya se asoman en el horizonte.
De acuerdo con las autoridades, los casos de los trabajadores observados se encuentran documentados y los expedientes ya fueron turnados a las instancias correspondientes. Si existen responsabilidades, deberán determinarse con pruebas y conforme a derecho.
Lo que no puede permitirse es que una institución educativa quede atrapada entre grupos que se disputan el control de la nómina.
La Universidad Tecnológica y Politécnica de Coyuca de Benítez necesita recuperar algo mucho más importante que el control administrativo, necesita recuperar su sentido institucional.
Y eso implica revisar perfiles, transparentar recursos, ordenar la nómina, investigar las irregularidades y garantizar que cada puesto sea ocupado por la persona que tenga la preparación necesaria.
También implica respetar los derechos de los trabajadores. Cualquier inconformidad laboral debe ser atendida dentro del marco legal, incluyendo las acciones sindicales que correspondan. Pero una protesta no puede convertirse en un mecanismo para frenar auditorías, investigaciones o procesos de depuración que tengan sustento documental.
La universidad no le pertenece a un rector, a un sindicato, a un grupo político ni a sus fundadores. Le pertenece a la sociedad.
Por eso, la depuración que hoy se plantea debe hacerse con firmeza, pero también con legalidad, transparencia y debido proceso. No se trata de cambiar un grupo por otro ni de construir nuevos privilegios. Se trata de acabar con una lógica que durante años pudo haber permitido que los intereses políticos pesaran más que los académicos.
En política existe una máxima conocida: lo que hoy está arriba, mañana puede estar abajo. Pero en una universidad pública debería existir una máxima todavía más importante: lo que pertenece a la sociedad debe administrarse en beneficio de la sociedad.
Coyuca de Benítez necesita una universidad fuerte, profesional y ajena a los cacicazgos. Una institución donde el mérito pese más que la amistad, el perfil profesional más que la recomendación y la ley más que la influencia.
Si la actual administración realmente pretende cambiar las cosas, tendrá que llegar hasta el fondo.
Y si hubo irregularidades, que se sancionen.
Si hubo abusos, que se corrijan.
Si hubo privilegios, que se terminen.
Pero, sobre todo, que la Universidad Tecnológica y Politécnica de Coyuca de Benítez deje de ser vista como patrimonio de unos cuantos y vuelva a ser lo que siempre debió ser: una institución pública al servicio de los jóvenes y de la sociedad de la Costa Grande.
Una universidad pública no puede tener dueños. Y cuando algunos comienzan a comportarse como si los tuviera, la depuración deja de ser una opción y se convierte en una necesidad.