Colectivos, artistas y gestores culturales de Guerrero anunciaron que no participarán en ningún proceso de diálogo con la Secretaría de Cultura del estado (Secultura) mientras Aída Melina Martínez Rebolledo permanezca al frente de la dependencia, al considerar que no existen condiciones de legalidad ni confianza institucional.
A través de un comunicado conjunto, las comunidades culturales señalaron que la invitación oficial para discutir la agenda cultural 2026 carece de sustento legal y vulnera los principios de participación establecidos en la legislación vigente en la entidad.
De acuerdo con el documento, la convocatoria emitida por Secultura incumple lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Guerrero y la Ley número 239 de Fomento y Desarrollo de la Cultura y las Artes, la cual establece que los procesos de consulta deben ser abiertos, públicos y con representación de las siete regiones del estado.
Los colectivos también recordaron el compromiso asumido por el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, quien aseguran les informó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda destituiría a la titular de Cultura y ofrecería una disculpa pública. Sin embargo, denunciaron que posteriormente el funcionario negó dicho acuerdo, situación que calificaron como una contradicción que ha fracturado la confianza entre el sector cultural y el gobierno estatal.
A estas inconformidades se suman señalamientos de presunto hostigamiento digital y agresiones en redes sociales contra integrantes del movimiento cultural, actos que atribuyen a la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura. Los denunciantes afirmaron que estas acciones constituyen violencia política, intimidación y una estrategia para minimizar las movilizaciones realizadas en distintos municipios del estado.
Ante este escenario, las comunidades culturales reiteraron sus exigencias, entre las que destacan la destitución de la titular de Secultura, una disculpa pública del Gobierno del Estado dirigida a las víctimas de la Guerra Sucia, a sus familias, a organizaciones defensoras de derechos humanos y a la sociedad guerrerense en general.
Asimismo, demandaron una disculpa formal por los actos de violencia y hostigamiento digital cometidos contra integrantes del movimiento cultural.
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