Tras el asesinato de 13 miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), ocurrido el pasado 16 de agosto, comunidades de Ayutla han comenzado a organizarse y exigir justicia ante la falta de avances en la investigación por parte de las autoridades federales.
De acuerdo con reportes locales, recientemente fueron detenidos dos hombres y una mujer, señalada presuntamente como "halcón" (informante), quienes fueron entregados al Ministerio Público para deslindar responsabilidades por su posible implicación en los hechos.
En paralelo, se ha observado la movilización de integrantes de la UPOEG en el municipio, así como la realización de asambleas comunitarias en localidades como El Cortijo y otras cercanas, donde se discute la conformación de policías comunitarias para fortalecer la seguridad local.
La ausencia de un posicionamiento oficial por parte del gobierno federal y la falta de información sobre las investigaciones han generado reclamos de los pobladores, quienes demandan una respuesta clara y acciones concretas para evitar la impunidad.
Habitantes y autoridades comunitarias señalaron que el clima de tensión en la zona persiste, por lo que solicitaron la intervención inmediata de instancias estatales y federales para esclarecer los hechos y garantizar condiciones de seguridad.
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