Por Julio Zenón Flores
El episodio del bloqueo carretero en el Valle del Ocotito vuelve a colocar en el centro del debate una pregunta incómoda para cualquier gobierno: ¿dónde termina el derecho a la protesta y dónde empieza la presión política con fines ajenos al interés común?
El subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, no titubeó al calificar la acción de los comisarios como un "exceso sin justificación". Según su versión, apenas un día antes habían dialogado y atendido la principal demanda —seguridad para la comunidad—, sin que se plantearan nuevos reclamos.
Aquí hay que detenerse. El Valle del Ocotito no es una zona cualquiera: es un punto estratégico en la carretera federal México–Acapulco, paso obligado para el transporte de carga y turismo. Un bloqueo ahí no sólo es un golpe logístico, sino un mensaje político con alcance mediático garantizado. Y en Guerrero, los mensajes políticos rara vez son improvisados.
Un contexto de tensiones acumuladas
No se trata de un hecho aislado. En los últimos meses, varias comunidades de la zona centro y de la sierra han recurrido a los bloqueos como herramienta de presión. En algunos casos, detrás de los comisarios hay liderazgos políticos locales o intereses partidistas que buscan generar desgaste al gobierno estatal, sobre todo cuando se avecinan coyunturas electorales.
La advertencia de Rodríguez Cisneros —que quienes participaron deberán asumir las consecuencias— puede interpretarse como un intento de marcar límites claros. Sin embargo, la experiencia en Guerrero demuestra que las sanciones por bloqueos pocas veces se concretan. El dilema es que, al no aplicar la ley, se alimenta la percepción de que la protesta disruptiva es el camino más efectivo para obtener respuestas.
El papel del gobierno y la gobernabilidad
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha insistido en que las fuerzas de seguridad están para proteger, no para reprimir. Un discurso políticamente correcto, pero que en la práctica enfrenta el reto de atender de forma inmediata las demandas legítimas sin abrir la puerta a que los bloqueos se vuelvan moneda corriente.
En este escenario, el llamado a la legalidad y al diálogo es más que un gesto diplomático: es una estrategia de contención política. Rodríguez Cisneros no sólo responde al episodio puntual, sino que lanza un mensaje preventivo a otros grupos que pudieran estar pensando en replicar la fórmula del cierre carretero para obtener beneficios.
Zoyatepec y la narrativa de la seguridad
El funcionario aprovechó para negar presencia de personas armadas o irregularidades en Zoyatepec, otra comunidad donde han circulado versiones de tensión. Es una jugada que busca cortar de raíz cualquier intento de que el tema de la seguridad se convierta en un foco de inestabilidad narrativa.
El riesgo de la impunidad estratégica
En Guerrero, los bloqueos son un arma política de alto impacto y bajo costo para quienes los realizan. El reto para el gobierno es romper ese patrón sin caer en confrontaciones que puedan ser explotadas por sus adversarios. La línea entre el respeto a la protesta y la tolerancia a la presión política es tan delgada como peligrosa.
Si el episodio del Valle del Ocotito queda sin consecuencias, el mensaje para el resto de las comunidades será claro: interrumpir la circulación en una vía federal sigue siendo una herramienta eficaz para negociar, sin importar que el diálogo previo haya satisfecho las demandas.
En el ajedrez político de Guerrero, esa es una jugada que, tarde o temprano, alguien más estará dispuesto a repetir.
Obtener Outlook para Android
0 Comentarios