Por Julio Zenon Flores
La persistencia de la presidenta Abelina López Rodríguez en dar un manejo mediático al conflicto con la Auditoría Superior del estado de Guerrero (ASEgro) en torno a la revisión del uso de 898 MDP del FAISMUN, pese a los daños que le está representando para su imagen personal y a que en ello se impacta directamente a su partido al que acusa de excluyente ¿Es realmente un tema de leyes, es decir de competencias de poderes del que repentinamente se percató? O
¿Podría tener detrás dificultades para que los auditores acepten como válidas comprobaciones que salen de las normas aplicables a su operación? De ser así, la presión mediática ¿Buscaría flexibilizar las reglas, pues de otro modo sería observada, con la posibilidad del uso punitivo de esas observaciones?
Ésto es lo que opina un experto en Presupuesto y Cuenta Pública
En la revisión del ejercicio de los recursos públicos, especialmente los federales etiquetados con reglas de operación estrictas como los del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), hay una línea delgada —aunque jurídicamente clara— entre la aplicación indebida y la aplicación fuera de norma. En este marco, la negativa de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, a transparentar ante la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASEGro) el uso de ciertos recursos federales, puede responder a una problemática institucional más compleja que el simple desvío de fondos.
Emergencia vs. Normatividad
El FAISMUN, como parte del Ramo 33, tiene objetivos definidos: financiar obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, especialmente en zonas de atención prioritaria. Estas zonas están delimitadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y no pueden modificarse de forma discrecional por los municipios.
Sin embargo, el paso del huracán Otis en octubre de 2023 trastocó radicalmente la geografía social de Acapulco. La emergencia generó nuevas zonas críticas, fuera de las tradicionalmente reconocidas, y exigió respuestas inmediatas en lugares que, aunque no eran "prioritarios" en términos normativos, sí lo eran en términos humanitarios y operativos. En este contexto, es factible que el municipio haya reorientado recursos del FAISMUN para atender necesidades urgentes en áreas no autorizadas, lo cual técnicamente representa una "aplicación indebida", aunque políticamente y socialmente pueda ser justificable.
La tensión entre la ASEGro y la alcaldesa
La actitud de la alcaldesa puede leerse también como un acto de resistencia política. Abelina López ha manifestado reiteradamente una percepción de hostilidad por parte de la ASEGro, en un entorno estatal donde los equilibrios entre niveles de gobierno están marcados por tensiones partidistas. En ese sentido, rehusarse a entregar información localmente podría interpretarse como un intento de esperar la auditoría de la ASF (Auditoría Superior de la Federación), buscando un trato más técnico y, potencialmente, más comprensivo respecto a la coyuntura post-otis.
La ASF, en su carácter federal, suele ofrecer rutas de aclaración y subsanación más estructuradas y menos politizadas que los órganos locales. Además, históricamente ha emitido criterios más flexibles en contextos de desastres naturales, donde las reglas de operación entran en conflicto con el deber moral y político de atender urgencias.
¿Un caso aislado?
En absoluto. La dificultad para comprobar adecuadamente el uso del FAISMUN no es exclusiva de Acapulco. Cientos de municipios en México, especialmente aquellos que enfrentan emergencias o rezagos institucionales, terminan observados por la ASF por "aplicación inadecuada", "fuera de zona de atención prioritaria" o "obras sin impacto directo a la población en pobreza".
En el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, la ASF reportó que más del 30% de las observaciones del FAISMUN derivaron de problemas de comprobación por mala planeación, aplicación fuera de norma o por falta de documentación comprobatoria. La emergencia sanitaria por COVID-19 y eventos climatológicos extremos han acentuado esta tendencia.
Conclusión
La negativa de Abelina López a rendir cuentas ante la ASEGro no necesariamente debe ser interpretada como señal inequívoca de corrupción. Puede responder a una aplicación discrecional de recursos ante una emergencia, motivada por razones operativas y humanitarias que chocan con un marco normativo inflexible. A esto se suma una posible estrategia política para evitar lo que la alcaldesa percibe como un hostigamiento local, apostando por una fiscalización federal más imparcial.
Este caso revela una disfunción mayor del sistema fiscal mexicano: reglas demasiado rígidas que no contemplan suficientemente la realidad cambiante de los territorios, particularmente en contextos de desastre. El verdadero reto no está solo en auditar, sino en repensar las reglas para que la rendición de cuentas no castigue el sentido común ni las acciones urgentes que, aunque legales solo en parte, responden al principio fundamental del gasto público: servir al pueblo.
Las reacciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al tema, al responder preguntas en la conferencia mañanera han dado a entender que no ve necesario profundizarlo, pero mientras tanto el partido Morena Guerrero enfrenta un golpeteo intenso que muestra sus fisuras y lo desgasta y eso, sin duda, les llevará a un momento crítico, en el que o se flexibilizan las reglas y se permite a la edil comprobar o se la aplican y ella enfrenta un juicio legal de resultados imprevisibles.
La apuesta de Abelina por una Controversia Constitucional parece pujar por este último desenlace, jugando el todo por el todo: Si pierdo serán afectados sus derechos políticos y si gana, podría ser un triunfo grande para el municipalismo pero pírrico para ella.
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