Iniciaron las campañas para elegir a los integrantes del Poder Judicial federal. Es oportuno hacernos algunas preguntas; ¿Es el principio del fin de la democracia mexicana? ¿Esta elección propiciará la instalación de un régimen autoritario sin controles?, ¿Será acaso el inicio para limpiar de corrupción a un sector catalogado como elitista y privilegiado?
Para empezar estaremos de acuerdo que el solo hecho de que su cargo provenga de las urnas quienes sean electos, no los hace en automático ni honestos, ni puros, ni incorruptibles.
Lo más importante es que este proceso sea limpio y quienes sean electos sean los de mejor perfil profesional. Por recorte en su presupuesto, la calidad de las boletas es dudosa, es limitado el número de casillas y no habrá conteo rápido, de ahí que el INE debe ser firme a la hora de aplicar la ley y contar los votos. Para que el remedio no sea peor que la enfermedad.
Esta elección marca un hito en la historia política de México. Por primera vez, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte van a ser electos mediante el voto popular. Este hecho, que podría parecer un paso hacia la democratización del sistema de justicia, plantea también interrogantes de fondo sobre el rumbo que tomará la democracia mexicana.
¿Estamos ante el principio del fin de la división de poderes?¿O es la oportunidad para acercar a la gente de a pie, un poder que por décadas ha sido señalado como opaco y distante del ciudadano?
Es indudable que el modelo actual del Poder Judicial requería una revisión profunda. De forma y de fondo.
Sin embargo, convertir a los jueces en candidatos ¿será la mejor forma para garantizar su honestidad y profesionalismo?
La legitimidad de una persona juzgadora creo que no puede medirse sólo en votos, sino en su ética, independencia y capacidad técnica.
La reforma judicial pasa al terreno de los hechos cambios estructurales que deben analizarse con seriedad, como la reducción del número de integrantes de la Suprema Corte y la duración de sus mandatos; la sustitución del Consejo de la Judicatura por un Tribunal de Disciplina Judicial; la imposición de límites salariales; y la fijación de plazos máximos para resolver casos. Suena bien. ¿Pero esa será la mejor solución? Muy pronto lo veremos.
Son objetivos ambiciosos, en teoría loables, y reflejan demandas sociales legítimas.
El verdadero reto radica en evitar que estas transformaciones terminen debilitando el Estado de Derecho.
Ahora que la justicia va a depender de las urnas, cuidemos que no termine siendo rehén de las mayorías momentáneas, de los intereses políticos y de la polarización electoral.
¿Cómo garantizar la imparcialidad de un juez ante el poder político que los promovió o ante el electorado que los eligió? Este hecho representa un alto riesgo para la independencia judicial, ya que debe ser imparcial, autónomo y proteger los derechos de todos.
Estamos, pues, ante un dilema de fondo: o construimos un nuevo modelo judicial que fortalezca la democracia y el Estado de Derecho, o abrimos la puerta a un sistema donde el poder se concentra cada vez más en pocas manos. Creo que mientras más gente salga a votar mayor es la posibilidad de que la reforma judicial cumpla con su primer objetivo. Votar o no votar. Tú decides. La historia nos juzgará por lo que decidamos ahora. Veremos
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