Jorge Balvanera
Chilpancingo, Gro., a 03 de febrero del 2025.- Para Jesús Urióstegui García, presidente de la JUCOPO en el Congreso de Guerrero los acuerdos no deben darse de manera individual, sino a través del trabajo conjunto entre las partes técnicas, sin caer en decisiones ni de orden de imprudencia y menos imponer medidas improvisadas en materia financiera.
En entrevista, explicó que esa es su percepción en relación a la elección de jueces y magistrados, toda vez que se debe evaluar y planificar de forma presupuestal.
El legislador consideró que se deben establecer ciertas mesas de trabajo con perfiles técnicos y jurídicos conocedores que pudieran dar alternativas opcionales para no comprometer las finanzas del estado.
A manera que lo anterior se consulte, dijo, con criterios técnicos y no en intereses políticos, a fin de garantizar a conciencia lo que no está concentrado en el ejercicio presupuestal aprobado por unanimidad en el seno del poder legislativo.
Aclaró que desde el Congreso del Estado no se está paralizando el proceso, sino, en un consenso buscando los medios de alternativa, mediante el trabajo conjunto entre el Congreso, el Poder Judicial y el equipo jurídico del gobierno estatal.
"No se pueden tomar decisiones imprudentes se requiere de ciertos modelos presupuestales, sin comprometer particularmente al presupuesto del estado", insistió, en una postura a conciencia particular.
Al igual, el presidente de la JUCOPO indicó que no solo al gobierno el del estado, sino, también evitando que no se afecte la independencia Judicial, por lo que se debe encontrar alternativas viables en propuestas de los perfiles técnicos y jurídicos.
Jesú Urióstegui señaló que reconoce que el presupuesto de 2025 no incluyó previsión para este proceso electoral, por lo que es evidente la necesidad de reformas estructurales en la planificación financiera.
Reconició que su postura no evade el problema, sino que propone una ruta para enfrentarlo a largo plazo.
Dejó en claro que "Implementar la elección sin recursos adecuados podría derivar en un proceso fallido. Urióstegui alerta sobre esta posibilidad, mientras trabaja en diseñar soluciones para evitar un descalabro institucional", aclaró.
Destacó que el recorte de más de 1,700 millones de pesos, no promueve la suspensión del proceso, sino que hay plena confíanza en que el grupo técnico y jurídico avanzará en propuestas.
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Editado por JULIO ZENÓN FLORES SALGADO.- Comunicólogo, especializado en periodismo político
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