Por Julio Zenón Flores
Las recientes protestas y bloqueos en Acapulco no son un
fenómeno aislado, sino el reflejo de una corrupción que se ha enquistado en la
Delegación de Bienestar y sus servidores de la Nación. Esta situación ha
generado una desconfianza profunda entre los habitantes, quienes exigen cambios
urgentes para evitar que estas prácticas corruptas continúen.
Desde la entrega de apoyos a los damnificados del huracán
Otis, miles de personas se quedaron sin recibir la ayuda prometida. En su
momento, se determinó que estos apoyos serían universales, ya que el meteoro
afectó sin distinción de zona geográfica o clase social en Acapulco y parte de
Coyuca de Benítez. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta.
Medios de comunicación han reportado que hasta 50 mil
paquetes de enseres no fueron entregados a quienes tenían sus cintillos,
entregados por servidores de la nación al momento de ser censados y demostrar
los daños sufridos en sus bienes. Además, cientos de personas no fueron
censadas oportunamente por estar fuera de la ciudad en las fechas del censo, y
al regresar, encontraron sus hogares en ruinas y promesas incumplidas tanto de
pago como de enseres.
En contraste, se han dado testimonios de que en ciertos
lugares, hasta ocho miembros de una misma familia recibieron apoyos por
separado. En el caso de los afectados por el huracán John, algunas personas
afirman que fueron excluidas del censo por decisión personal del servidor de la
nación encargado, mientras que otros, no afectados, recibieron el cintillo del
censo.
Esta situación ha llevado a una pérdida de confianza en los
servidores de la nación y en el delegado de Bienestar, Iván Hernández Díaz,
quien se ha negado a dar la cara. Se rumorea que los servidores de la nación
tienen padrinos importantes dentro de Morena Guerrero, lo que les otorga
impunidad y limita la capacidad de Iván Hernández para tomar medidas.
La creación de una línea telefónica para atender a los
inconformes directamente desde la Ciudad de México parece marcar el fin del
periodo de Iván Hernández. Esta medida, impulsada por el gobierno de Claudia
Sheinbaum, refleja una pérdida de confianza en el delegado, quien no fue
nombrado por el actual gobierno federal, sino por el anterior.
En respuesta a las protestas de los afectados por el huracán
John, el gobierno federal habilitó un número telefónico para atender a quienes
no fueron incluidos en el censo inicial de apoyo. Esta medida, gestionada por
la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, busca garantizar la atención directa a
las familias que requieren ayuda.
Durante su conferencia matutina de este miércoles 20 de
noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el gobierno federal
trabaja de forma directa con los damnificados y puso a disposición la Línea del
Bienestar: 800 63 94 264. Este número permitirá solicitar apoyo o la visita de
un servidor de la nación para verificar las condiciones de las familias
afectadas.
Sheinbaum subrayó que, pese a la complejidad del censo en
Guerrero, donde el 80% de los municipios sufrió algún tipo de daño, los
servidores de la nación realizaron un trabajo detallado y eficiente. Reconoció
su labor como fundamental para atender emergencias de esta magnitud.
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