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PRD vota a favor de reforma que reconoce derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas

 Chilpancingo, Guerrero, 25 de septiembre de 2024.-El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en voz de la diputada Erika Isabel Guillén Román, votó a favor de la minuta de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por el Senado de la República.

Esta reforma tiene como objetivo reconocer los derechos de identidad cultural y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, otorgándoles el estatus de sujetos de derecho público y estableciendo principios fundamentales que guiarán la relación del Estado con estos grupos.
 
La legisladora, en su intervención, refirió que en México, más de 12 millones de personas viven en hogares indígenas, lo que representa el 10.6% de la población nacional. Además, el 57.5% de esta población carece de servicios básicos en sus viviendas.
 
En el caso específico de Guerrero, según datos del INEGI de 2020, la población afrodescendiente asciende a 303,923 personas, representando el 8.6% del total estatal, mientras que la población indígena se sitúa en 515,487 personas mayores de tres años que hablan alguna lengua indígena.
 
La reforma, dijo, "busca corregir las condiciones de marginación y pobreza que históricamente han afectado a estas comunidades, otorgándoles nuevos derechos y herramientas legales que favorezcan su empoderamiento".
 
"Nuestro voto a favor refleja la esperanza de que este reconocimiento se traduzca en políticas públicas que beneficien de manera tangible a las comunidades indígenas y afromexicanas, especialmente en estados como Guerrero, que cuentan con una significativa representación de estas poblaciones", añadió.
 
Sin embargo, advirtió que aunque la Secretaría de Hacienda ha señalado que esta reforma no generará un impacto presupuestal, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas advierte que su implementación podría tener repercusiones económicas en los tres niveles de gobierno.
 
Guillén Román consideró que la creación de becas, el estudio y la preservación de las lenguas indígenas, así como la provisión de servicios básicos, son algunas de las áreas que requerirán especial atención.
 
"Creemos firmemente que las leyes secundarias deberán abordar de manera detallada estas cuestiones presupuestales, especialmente en el ámbito municipal, donde los recursos han sido reducidos en los últimos años", abundó .
 
Destacó que la reforma también introduce un cambio importante al reconocer a las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, otorgándoles personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que fortalece su capacidad para gestionar sus recursos culturales.
 
"A partir de ahora, tendrán el derecho de ser consultadas antes de cualquier decisión legislativa o administrativa que pueda afectarles, asegurando así su participación activa en las decisiones que conciernen a su bienestar", expresó.
 
Explicó que otro de los avances significativos de esta reforma es la promoción y protección de las lenguas indígenas. En Guerrero, se hablan lenguas como el Náhuatl, Mixteco y Tlapaneco, entre otras, y este reconocimiento busca preservarlas y promoverlas a nivel nacional.
 
Asimismo, la reforma eleva a rango constitucional el reconocimiento de la medicina tradicional, una práctica que en nuestro estado ya está regulada en la Ley de Salud estatal.
 
Esta reforma también incluye el derecho de las comunidades indígenas y afromexicanas a gestionar sus propios medios de comunicación y telecomunicaciones.
 
Es importante destacar que, aunque esta reforma representa un avance histórico, su efectividad dependerá en gran medida de la asignación de recursos adecuados y del respeto a las decisiones de las comunidades. El presidente López Obrador ha subrayado la importancia de que el gobierno de Claudia Sheinbaum implemente esta reforma, y en Guerrero estaremos atentos para asegurarnos de que estas medidas se lleven a cabo.
 
Con este voto, el PRD reafirma su compromiso con los pueblos indígenas y afromexicanos, reconociendo que este cambio constitucional es un paso hacia la justicia histórica, protegiendo su identidad, patrimonio y cultura, y garantizando su derecho a participar en las decisiones que afecten su futuro.

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