Arturo Parra
De acuerdo con abogados acapulqueños no es ético ni moral tratar de negociar la paz y la seguridad con grupos criminales, y menos con la intervención de la Iglesia, ya que esas negociaciones pueden ser peligrosas para los ciudadanos porque conlleva la aceptación de actos fuera de la ley por parte del narco en los territorios que se disputan de Guerrero.
Se sabe que como parte de la actuación de los poderes fácticos en las comunidades, muchos narcos ayudan económicamente a la población y a la misma Iglesia, que en reciprocidad oficia las misas de los festejos narcos, además de recibir ocasionalmente el diezmo a través de regalos personales, como sucedió con el obispo Salvador Rangel Mendoza, de la Diócesis de Chilpancingo, en diciembre de 2017, cuando le regalaron un báculo y un pectoral de plata, además de un anillo con piedras preciosas.
El presidente del Foro Guerrerense de Abogados, y del Colegio Federado de Abogadas y Abogados Includer, Crisóforo Ibáñez Morales, anotó que la relación entre obispos y grupos criminales, especialmente en contextos como Guerrero, México, "plantea un debate ético y social profundo. Por un lado, la Iglesia Católica, a través de sus obispos, busca promover la paz y el bienestar de las comunidades, a menudo en áreas profundamente afectadas por la violencia y la delincuencia organizada; la interacción entre obispos y estos grupos puede ser vista como un esfuerzo por proteger a sus feligreses y negociar la paz en regiones conflictivas".
Sin embargo, observó que "estas interacciones también pueden ser interpretadas críticamente, ya que existe el riesgo de que dichas acciones sean vistas como una forma de legitimación o complicidad con los grupos criminales. La línea entre la mediación por la paz, y el riesgo de normalizar o incluso apoyar indirectamente a estos grupos, es delicada y sujeta a interpretaciones diversas".
Por ello consideró que "es fundamental que cualquier acercamiento entre líderes religiosos y grupos criminales se maneje con extrema cautela, asegurando que no se comprometan los principios éticos y morales. La transparencia en estas interacciones es importante para mantener la confianza de la comunidad y garantizar que los esfuerzos de la Iglesia se centren en la promoción de la paz y la justicia social, sin dar lugar a malinterpretaciones".
En resumen, abundó, "la relación entre obispos y grupos criminales requiere un equilibrio cuidadoso entre la búsqueda de la paz y el mantenimiento de la integridad moral, asegurando que la mediación no cruce líneas éticas ni contribuya a la impunidad de acciones delictivas, construyendo puentes de paz con prudencia y transparencia, sin comprometer principios.
Benito Juárez se opuso a que la Iglesia tuviera privilegios, a que se obligara a los mexicanos a darle diezmo; hizo frente a los intereses de la Iglesia católica, pues puso fin a muchos de sus privilegios, entre ellos el fuero y la adquisición y administración de bienes raíces. Con las Leyes de Reforma logró la nacionalización de los bienes eclesiásticos, estableció el matrimonio civil y no avalado solo por la Iglesia, y se estableció la libertad de culto para que la católica dejara de ser la única religión permitida.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado, y concedió que representantes de la Iglesia Católica intenten colaborar para lograr la pacificación de algunas regiones de Guerrero, mediando incluso con los grupos criminales, pero siempre y cuando lleguen a acuerdos que no signifiquen conceder impunidad y privilegios.
La relación Iglesia-Narco, dos poderes fácticos predominantes en varias comunidades guerrerenses, presume cierta afinidad, cercanía y hasta complicidad, y si ciertamente mantienen relaciones aparentemente bienintencionadas, éstas llegan a convertirse en relaciones perniciosas, porque promueven legitimar acciones violentas de los grupos criminales en las comunidades y territorios que controlan, donde ha corrido la sangre.
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