Arturo Parra
Ante la situación de violencia y suspensión del servicio que afecta al transporte público de Chilpancingo, Taxco, Iguala, Acapulco y Zihuatanejo, el gobierno del estado con apoyo de las fuerzas federales han desplegado en puntos estratégicos operativos de seguridad que son muy visibles, no se puede negar que están haciendo su trabajo para contribuir a frenar esa crisis de inseguridad que ha perjudicado a los ciudadanos de esos municipios.
Lo que no se ha visto es la reacción inmediata y actuación de los gobiernos municipales, convirtiéndose en omisos por ineptitud y hasta por complicidad. No hay patrullajes ni puestos de vigilancia establecidos por las autoridades municipales responsables de brindarle seguridad a la ciudadanía, porque esto no solamente atañe al transporte público concesionado por el gobierno estatal.
Recordemos que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, los estados y los municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, con el fin de proveer las acciones necesarias para dar seguridad al ciudadano y a su familia, así como garantizar el orden y la paz públicos.
La propia Constitución Mexicana establece que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución, para hacerla efectiva.
La inseguridad pública es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía y del actual gobierno. Ésta se ha caracterizado por el incremento de una delincuencia cada vez más violenta y organizada que crea un clima de incertidumbre y de desconfianza entre la población, y da lugar a un proceso de descomposición de las instituciones públicas y de la convivencia social.
Paralelamente a los operativos de seguridad ya dispuestos por el gobierno estatal, estableció mesas de diálogo con los transportistas, para conminarlos a que regresen a dar servicio, que ciertamente se ha ido restableciendo de manera paulatina, y al ingrediente de que grupos delictivos son responsables de esta situación, por amenazas contra el gremio para obligarlo a dar cuotas, se le agrega el que algunos representantes de transportistas han puesto en las mesas condiciones a las autoridades, que nada tienen que ver con la seguridad, pues exigen más concesiones y apoyos económicos, entre otras demandas.
La Fiscalía General del Estado, a su vez, sin ningún avance en las investigaciones de los hechos de violencia que han dejado choferes del transporte público muertos, otros heridos y algunas unidades del servicio incendiadas.
Y a río revuelto ganancia de pescadores, ya que personajes de la política identificados en la oposición aprovechan el actual escenario electoral para señalar y culpar al gobierno estatal, de manera particular, acusándolo de permitir estas acciones de violencia y no poner orden, además de generar subrepticiamente un clima de zozobra y hasta terror, a través de supuestos avisos difundidos en redes sociales, advirtiendo a transportistas y usuarios sobre más hechos de violencia.
0 Comentarios
¿Qué te pareció esta información? ¿Qué nos falta?