Por Julio Zenón Flores
La presidencia municipal de Acapulco ofreció apoyo con patrullas a los usuarios del transporte público de la ciudad que se quedaron varados, luego de que los amafiados transportistas abandonaron a su suerte a los ciudadanos que carecen de un medio propio para trasladarse a sus centros de trabajo o estudio.
"He girado la instrucción a la Secretaría de Seguridad Pública de auxiliar a las y los ciudadanos en el traslado a sus trabajos y hogares ante la escasa presencia de unidades del transporte público en las calles de Acapulco", posteo a través de sus redes sociales la alcaldesa morenista Abelina López Rodríguez. "Hago un respetuoso llamado a la Secretaría de Transportes a revisar la situación que se presenta en este tema, para evitar mayores afectaciones a la ciudadanía", agrega el post de la primera autoridad municipal.
El gobierno del estado, por su parte, respondió a las denuncias ciudadanas de falta de transporte público con un comunicado en el que aseguró que el servicio se está prestando de manera normal, y que sólo había problemas en la ruta foránea que va de Acapulco al vecino municipio de San Marcos.
El comunicado estatal fue severamente cuestionado en las redes sociales por usuarios que desde muy temprano habían denunciado que, por ejemplo, la zona poniente carecía de vías para trasladarse al centro citadino. Los habitantes de lugares como Coloso o Renacimiento, que se ubican en la periferia, señalaron a su vez que si bien hay transporte en realidad es muy escaso y los que dan servicio están incrementando sus precios por pasajero.
Acapulco enfrenta serios problemas con el transporte público de manera normal, ya que sus concesionarias hacen caso omiso de las reglas del buen conducir y el decoro de sus unidades, pero después de que el huracán Otis devastara al puerto, el número de unidades en operación disminuyó considerablemente y los precios por pasajero se llegaron a duplicar al pasar de 20 a 40 pesos por persona, en los taxis colectivos o hasta 50 pesos por pasajero, sin que los reguladores estatales pusieran algun freno a la situación.
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